El 28 de septiembre se conmemora en América Latina y el Caribe el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Es una fecha que nació de la lucha de los movimientos feministas de la región y que este año llega con una amenaza concreta sobre la mesa: una bancada que se autodenomina “provida”, en los primeros días de un Gobierno de ultraderecha, ha radicado un proyecto de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción. En otras palabras, se busca desmontar lo que la Corte Constitucional colombiana reconoció en 2022: que el aborto hasta las 24 semanas no es un crimen sino un derecho.
Hoy vale la pena recordar que hablar de aborto es hablar de salud pública. Antes de la Sentencia C-055 de 2022, Colombia registraba cerca de 400.000 abortos clandestinos al año, según estimaciones del Instituto Guttmacher. La mayoría ocurría en condiciones inseguras y afectaba de forma desproporcionada a mujeres en situación de pobreza, en zonas rurales y alejadas de los sistemas de salud. Quienes tenían dinero podían pagar por un procedimiento seguro, pero quienes no, no solo se exponían a complicaciones graves, a hospitalizaciones de emergencia y hasta a la muerte, sino también a ser perseguidas por el Estado por tomar una decisión sobre su cuerpo y su vida.
Las evidencias demuestran que criminalizar el aborto nunca ha servido para eliminar su práctica, sino para decidir quién puede sobrevivir a él. Desde la Sentencia C-055, eso ha cambiado de forma concreta: Profamilia ha practicado más de 213.000 procedimientos seguros, el 94,5% antes de la semana 12 de gestación.
