La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó las acciones de tutela acumuladas, presentadas por los gobernadores de resguardos ubicados en la denominada “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, invocando la protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de sus derechos como comunidad indígena.
En los escritos de tutela, los accionantes afirmaron que existe una proliferación de proyectos exploratorios y extractivos en el área de la Línea Negra, sin que se haya garantizado su participación efectiva en los trámites de licencias y autorizaciones, desconociendo así lo dispuesto en la sentencia T-849 de 2014.
Así mismo, sostienen que dicha decisión judicial señaló que todo proyecto, obra o actividad en la línea negra debía ser consultado. No obstante, afirmaron que se otorgaron licencias para el desarrollo de una gran cantidad de proyectos y precisaron, con base en información suministrada por el Ministerio del Interior, que tendrían la obligación de participar en 395 consultas sobre proyectos mineros, cantidad
