A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, los colombianos vinculados por contrato de trabajo o por una obligación legal y reglamentaria como los funcionarios públicos y los trabajadores independientes están obligados a cotizar al Sistema General de Seguridad Social, esto es pensión, salud y riesgos laborales.
Quienes trabajan con contratos por prestación de servicios tienen esta obligatoriedad con el sistema, pues no solo los libra de una deuda con el Estado, sino que ya se conocen sus beneficios sobre la salud y la calidad de vida al momento de pensionarse.
“La evasión y elusión en los aportes para pensión, salud y riesgos laborales, han sido considerados una de las principales amenazas para el soporte financiero del sistema de protección social, razón por la cual se ha hecho necesario la creación de normas, entidades y procedimientos que día a día permitan la vigilancia y control sobre estos dos aspectos de vital importancia, es así como a través de la Unidad de Pensiones Públicas, y de las facultades de las que ha sido investida se viene realizando una labor que le permita a los colombianos obligados a cotizar a ponerse al día con los aportes adeudados, a corregir aquellos realizados por debajo de los montos legales y hacer un especial seguimiento a sus empleadores sobre sus obligaciones frente al sistema”, explicó René Rojas, vicepresidente Técnico y de Operaciones de TG Consultores, quienes son expertos en temas de pensiones.
