Nada alentador fue el resultado del Programa de Alimentación Escolar, luego de una evaluación analizada por la Contraloría General de la República, que entregó como resultados que en 2016 se presentaron demoras en la contratación y en la ejecución de recursos, situaciones que afectaron el giro de las transferencias a los municipios, así como los procesos de planeación y contratación, generando inoportunidad e ineficiencia en la prestación del servicio a sus beneficiarios.
Más de 32 millones de raciones habrían sido dejadas de entregar, especialmente por demoras y dificultades en procesos de contratación o en el empalme entre una y otra contratación.
Dice la Contraloría que las demoras en la incorporación de recursos al presupuesto de los municipios, afectaron el principio de eficiencia y se evidenciaron debilidades en los procesos presupuestales y financieros de las entidades responsables, así como falta de diligencia en la gestión, desarticulación y descoordinación entre actores del programa. Algo más grave fue la recurrencia de recursos no ejecutados, que en algunos casos superiores al 10 % del total de la asignación en la vigencia.
