La proyección del documental El baile rojo y el conversatorio entre el antropólogo y escritor Yezid Campos Zornosa y Rodolfo Quintero tocó fibras sensibles de la violencia en el departamento del Cesar, como uno de los eventos centrales del primer día del FELVA 2026, convirtió el segundo piso de la Casa de la Cultura de Valledupar en un escenario para discutir el plan de exterminio conocido como “Baile Rojo” contra la Unión Patriótica y para pensar, desde el testimonio y la literatura, la memoria del genocidio político en el Cesar.
Al inicio del diálogo, Quintero reconoció el impacto emocional del encuentro con el público y con la historia que narra el documental. Contó que, pese a haber visto El baile rojo años atrás, “nunca pensé que después de tantos años de haber visto por primera vez este documental me fuera a conmover tanto”, antes de dar paso a las preguntas sobre las motivaciones personales que llevaron a Campos a investigar el caso de la Unión Patriótica.
Enmarcó la conversación en una larga historia de violencias en Colombia: la violencia de los años cincuenta, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el surgimiento de las guerrillas, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo y los secuestros, preguntándole directamente al autor por qué, entre tantos episodios posibles, decidió concentrarse en el exterminio de la Unión Patriótica.
¿Por qué un partido legal generó tanto miedo?
En uno de los momentos clave del diálogo, Quintero planteó una pregunta que atravesó toda la conversación: cómo fue posible que la Unión Patriótica, un partido político legal, generara tanto temor y terminara convertida en blanco de un plan de exterminio. Campos respondió que detrás de ese miedo hubo una estructura ideológica y militar de larga data: la llamada doctrina de seguridad nacional, difundida en América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Explicó que, con esa doctrina, “todo el que protesta, sea campesino, estudiante o sindicalista, podía ser visto como un agente comunista soviético” y, por tanto, como alguien que “había que matar”.
El antropólogo señaló que esa lógica de enemigo interno justificó la planificación del exterminio de la UP y se alimentó de un miedo profundo al cambio. Describió ese miedo como “una cosa ciega, irrazonable”, que impide conversar y concertar transformaciones necesarias, pese a que “este país necesita cambios que nos convienen a todos, ricos y pobres, de izquierda y de derecha”.
Paz, diálogo y ética: un mensaje para salir del ciclo
Hacia el final del conversatorio, un profesor le preguntó a Campos si todavía tiene sentido dialogar con los grupos armados —legales o ilegales— en un país tan golpeado por la violencia. Su respuesta fue contundente: “No hay otra forma de eliminar la guerra si no es dialogando y conversando”. Apeló a la experiencia mundial y colombiana para sostener que la negociación es “la única salida” en un conflicto armado, aunque haya fracasos parciales o procesos fallidos.
Criticó la visión según la cual con ciertos grupos “solo sirve la bala” y defendió la idea de insistir en una paz total, no como eslogan sino como horizonte que obliga a conversar con actores muy diversos. Recordó que la Constitución compromete al Estado y a la ciudadanía con la búsqueda de la paz y que, aunque un proceso específico se haya caído, eso no significa que la ruta del diálogo esté agotada. “Si fracasamos ahora, no quiere decir que dejemos de insistir”, afirmó, subrayando que cualquier gobierno que llegue tendrá que sentarse a negociar si quiere realmente reducir la violencia.
Campos cerró su intervención con un mensaje que él mismo definió como el motivo central de su trabajo: hacer una invitación a escuchar. Insistió en que el país “adolece de criterio ético” y que, sin una conciencia crítica y una ética ante la vida y la sociedad, es imposible transformar las condiciones que permitieron genocidios como el de la UP. “La reconciliación no es un abrazo para la foto”, dijo, sino un proceso que pasa “por el corazón y por la mente” y que implica cambios reales en las personas y en las instituciones.
El testimonio de las víctimas y el nombre de Consuelo Araújo
En la parte final del evento, las intervenciones del público le devolvieron carne y voz a una historia que muchas veces se narra solo en cifras. Víctimas sobrevivientes y familiares de personas asesinadas por pensar distinto se pusieron de pie para recordar nombres, lugares y fechas, y para decir en voz alta lo que durante años se dijo en voz baja: todavía hoy hay miedo de presentarse públicamente como víctima de la Unión Patriótica. Una de ellas lo resumió con una frase que quedó flotando en el auditorio: todavía se siente temor al decir “soy víctima sobreviviente de la Unión Patriótica por pensar diferente”.
Ese miedo no impidió, sin embargo, que la palabra circulara. Imelda Daza aprovechó el micrófono para interrumpir el relato centralista del genocidio y anclarlo al territorio. “Quiero reivindicar en nombre de Consuelo Araújo Noguera su papel como promotora de la Unión Patriótica en el departamento del Cesar y del Caribe”, dijo, marcando un quiebre en el tono del conversatorio. No habló solo de la “Cacica” como figura mítica del folclor, sino como una mujer “auténticamente liberal, promotora de la paz y de la reconciliación”, designada por el gobierno nacional como facilitadora del proceso de la UP en la región Caribe.
Daza subrayó que esa parte de la historia casi nunca aparece en los relatos oficiales. “Esto no lo dicen en Bogotá. Eso no lo dice ni RTVC, que acaba de hacer un documental sobre la Unión Patriótica y no mencionó ni a Rodolfo Quintero, que fue siempre el presidente de la organización, ni a Consuelo Araújo, que fue la facilitadora, ni a mí, que fui concejal de Valledupar por la Unión Patriótica”, reclamó ante el auditorio. Su intervención fue, al mismo tiempo, una denuncia del centralismo y una invitación a que la propia región se haga cargo de sus memorias: “Por lo menos entre nosotros reconozcamos los méritos”.
Consuelo la pacifista
Al reconstruir el rol de Araújo, Daza recordó escenas concretas que la muestran como puente entre mundos. Contó que fue Consuelo quien “se dio la pela por la democracia y por la paz en este territorio”, al abrir su casa en Valledupar para recibir a los delegados de la guerrilla que se preparaban para hacer política legal. Relató también cómo los llevó a Barranquilla, a una reunión con los siete gobernadores de la Costa en el salón de la Asamblea del Atlántico, para sentarlos a hablar de paz en pleno gobierno conservador.
En ese sentido, la figura de Consuelo Araújo apareció no solo como la gestora del Festival de la Leyenda Vallenata, sino como una articuladora entre cultura, política y negociación, alguien capaz de usar su capital simbólico para abrirle espacio a una apuesta de paz en un contexto profundamente hostil.
En el auditorio, ese gesto de traer el nombre de Consuelo al centro del debate sobre el genocidio de la Unión Patriótica terminó de anudar cultura y política, y confirmó que, en este territorio, la memoria no es una abstracción: es una disputa viva por quiénes son recordados, cómo se cuentan sus historias y qué lugar ocupan las mujeres en ese relato.
