A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que es un imperativo para todas las ramas del poder público acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.

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“Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”, señala el comunicado.

Al parecer, el documento haría referencia a la polémica que ha generado la opinión del presidente de la república, Iván Duque, sobre la decisión de la Corte Suprema de aplicar la medida de prisión domiciliaria sobre el expresidente y senador Álvaro Uribe.

Según señala la Procuraduría, el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, “acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee”.

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“La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, agrega el documento.

Cumpliendo con lo ordenado por la Constitución, la Procuraduría General señala que continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, “examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra”.