En la continuación de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía Quinta Seccional en su intervención informó no tener inconvenientes con que el despacho judicial acogiera la petición de la defensa del exalcalde de Valledupar, Fredys Miguel Socarrás Reales, de cambiar la detención domiciliaria por una no privativa de la libertad, en el marco del proceso que se adelanta en contra del exmandatario por presuntamente negociar dos lotes del municipio por un precio muy inferior a su valor real, mediante permuta con otro particular, cuando fungió como alcalde entre el periodo 2012 – 2015.
Los argumentos del fiscal Héctor Ruíz se basaron en que la Fiscalía carece de elementos materiales probatorios para demostrar algunos de los delitos imputados como peculado e interés indebido en contrato, en audiencias preliminares celebradas el 14 de noviembre del año 2018.
“Al contrario, considero que el municipio según este avalúo de la Fiscalía, a mí en lo personal, me dice que el municipio salió ganando por más de 3 mil millones de pesos, entonces si eso es así pues actuando con lealtad procesal y con lineamiento que me exige el código, con los elementos que tenemos acá observamos que no hay detrimento, hay es una ganancia”, dijo el fiscal quinto, Héctor Ruíz, quien agregó además que lo que se podría indagar es una celebración indebida de contrato.
Según el ente acusador, en los análisis de avalúo realizado por el perito de la Fiscalía y otras instituciones no se tuvieron en cuenta algunos aspectos entre los lotes uno y dos de la administración municipal que mediante permuta fueron cambiados por uno particular, cuya propietaria era la ciudadana María Inés López Reyes, quien actualmente también enfrenta un pleito judicial por los mismo hechos.
“El lote número 1 tiene una medida de 25.637.57 metros cuadrados corregidas y el número 2 tiene una medida de 30.754; fue corregido el metraje de 39.863 que es el que más influye, o sea que en el lote número 2, según las escrituras o el lote que entregó la administración, había una hectárea menos, es decir, 10 mil metros cuadrados, entonces, si a esos 10 mil metros se les resta el valor de los 10.464.62 metros da lo que dijo la Lonja de Valledupar, por tanto no veo que exista un detrimento realizado, tanto en los avalúos de la Lonja como el Igac y muchos menos en el que realizó la Fiscalía, que lo que da es una ganancia de más de 3 mil millones de pesos a favor del municipio con pérdidas para el particular”, detalló Ruíz, que por lo anterior consideró que no hay motivos para que en contra del exalcalde exista una medida de aseguramiento en su contra, ya que no representa un peligro para la sociedad, no obstruirá el proceso y ha demostrado que comparecerá cada vez que el juez lo requiera.
Ante los argumentos de la Fiscalía, la procuradora consideró entonces estar de acuerdo a que se le conceda la libertad a Socarrás Reales, tal como lo solicitó en días anteriores la defensa del exmandatario de la capital del Cesar.
Al término de la intervención de todas las partes, el juez consideró que tenía que analizar los elementos y argumentos manifestados para dar a conocer su decisión en la tarde del próximo 18 de enero.

Antecedentes

En audiencias preliminares desarrolladas el 14 de noviembre del 2018 a cargo del fiscal 12, Gentil Bueno, el organismo investigador expresó haber encontrado irregularidades en la permuta que realizó el entonces alcalde con otro particular.
“Para efecto de la presente investigación, no existe documento contractual de consultoría que documente o respalde dicha gestión”, dijo el fiscal 12 seccional, quien agregó que a la hora de hacer el cambio de los predios constataron que “en el contrato se sumaron otros valores (…) como un valor por indemnización, de unos $80 millones. Con la justificación de que se trataba de una acción de expropiación y se tenía que indemnizar al propietario del inmueble. Aun cuando lo que se evidenció fue un negocio consensuado”. El funcionario agregó que el tema fue previamente concertado con la finalidad de facilitar al particular obtener una ventaja frente al inmueble público, por más de un valor de $3 mil millones.
Para la fecha el Juzgado Segundo Penal Municipal decidió cobijar a Socarrás con medida de aseguramiento domiciliaria, la cual podría ser cambiada por la libertad, si el juez tercero así lo decide.