En el marco de la continuación de las audiencias preliminares en contra del exalcalde de Codazzi Efraín Quintero Mendoza, el exsecretario de educación Raúl Casimiro Bermúdez Castilla y la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández, por un presunto detrimento patrimonial en el PAE, la defensa sacó a relucir sus posibles elementos materiales probatorios para demostrar sus inocencias.

En la vista pública, el abogado Nibaldo Efraín Cabello alegó que la Fiscalía 12 seccional basó sus argumentos en la imputación de cargos en actividades realizadas por técnicos del CTI de la Fiscalía que supuestamente solo hicieron una operación matemática sin sustento.

“El señor fiscal se mantiene en lo que le rinde el técnico de policía judicial adscrito al CTI que no es un dictamen pericial, no es base pericial, solamente hace unos requerimientos y planos en formatos JP11 donde lo único que hace es contactar unos datos de la Secretaría de Educación del departamento del Cesar frente al convenio y hace una operación aritmética que desemboca en una conclusión que no está cimentada en un peritaje”, dijo Cabello, quien defiende los intereses del exalcalde y exsecretario de educación.

El jurista centra su teoría en que los exfuncionarios tienen documentos que demuestran que sí tuvieron planeación a la hora de aplicar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Alcaldía de Codazzi.

Indicó además que el supuesto detrimento manifestado por el representante del ente acusador varía considerablemente con el denunciado por la Contraloría General de la Nación.

“Resulta que frente al convenio de cooperación se estipuló que había un detrimento de $111 millones pero en el auto que resuelve la nulidad en ese proceso de responsabilidad fiscal se puede visualizar sin manto de duda que la cuantía del supuesto daño (anunciado por la Contraloría) ya va en $ 70.608.759 y en lo que respecta en el contrato se pudo vislumbrar que de un detrimento aparente de $341 millones se encuentra en $121 millones”, puntualizó Cabello.

Esto teniendo en cuenta los argumentos de la Fiscalía que manifestó que encontró un millonario desfalco en dos procesos: en el Convenio 001 del 30 de enero de 2015, que suscribió el municipio de Agustín Codazzi con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, por valor de $418 millones, y otro de prestación de servicio número 002 del 5 de junio del 2015, pactado por un valor de $1.226.177.920.

Según la investigación, los tres serían responsables de un detrimento patrimonial de más de $341 millones por la manipulación de los precios en las raciones de comida que eran entregados a los niños.

El fiscal indicó que el plato de comida estaba pactado por $2.500 y que posteriormente se conoció por parte de la Gobernación que el valor establecido referente era inferior.

Por eso al exalcalde y exsecretario de educación el fiscal les imputó los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideología en documento público y peculado por apropiación, los cuales no aceptaron. Mientras que a la contratista la acusa de los mismos delitos en calidad de coautora interviniente, del que también se declaró inocente.

Pese a más de cinco horas de audiencia el juez en la tarde del miércoles no tomó aún la decisión sobre la medida de aseguramiento en contra de los tres implicados, pues suspendió la diligencia para continuarla en la mañana de hoy.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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