Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema solicitó que no se accediera a las pretensiones del representante de la víctima que pidió avalar elementos de prueba para solicitar la medida de aseguramiento en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presuntos actos de corrupción en las elecciones del año 2011 en algunas invasiones de Valledupar.

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El fiscal Javier Cárdenas fijó su posición luego de la intervención del abogado Evaristo Rodríguez Felizzola, representante de la víctima, el mayor Alberto Pimienta Cotes, en el proceso que se sigue en contra del gobernador ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de corrupción al sufragante.

“En el sentir de la Fiscalía es que no existe medio de conocimiento del cual se pueda inferir razonablemente que Luis Alberto Monsalvo haya utilizado el cargo para realizar actos, a partir de su posesión como gobernador, para afectar a la víctima u obstruir la justicia. En ese orden de idea la Fiscalía solicita que no se acceda a las pretensiones del apoderado de la víctima”, dijo el fiscal Javier Cárdenas.

Para esa conclusión el representante del ente acusador indicó que los elementos anunciados por el abogado Evaristo Rodríguez no evidencian que el mandatario de los cesarenses actualmente estuviera atentando contra un fin constitucional.

“Quiero señalar que de los medios de conocimiento que él (abogado de la víctima) se refiere del año 2020 expresamente habla es de actos realizados por el actual alcalde de Valledupar, persona diferente a la que se está judicializando en este procedimiento”, puntualizó Cárdenas.

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LA PROCURADURÍA

Por su parte, la procuradora tercera delegada ante la Corte Suprema indicó similar concepto a la Fiscalía, pues consideró que los elementos probatorios presentados por el apoderado de víctima reflejan más un conflicto social que viene desde hace años y no la urgencia de imponer una medida de aseguramiento.

“La únicas evidencias que me parecen que guardan algún nivel con la solicitud de la medida son aquellas recientes expedidas por la Alcaldía Municipal, no obstante, podrían ser objeto de valoración sobre la urgencia de la medida y en el tema de las resoluciones recientes de los aplazamientos de diligencias de desalojo en el único punto que puede ser evaluado a justificar una medida”, aseguró la representante del Ministerio Público.

LA DEFENSA

Entre tanto, el abogado Alejandro Sánchez, apoderado del gobernador, manifestó que lo único mostrado durante la diligencia es que el proceso parte de una problemática social y no de un plan criminal para quitarle la propiedad del mayor Pimienta, teoría que tendrían que discutir en las instancias legales.

Agregó que actualmente el pleito ante la Corte Suprema avanza considerablemente porque llevan realizados tres audiencias de juicio sin ningún aplazamiento.

“No se puede utilizar una audiencia preliminar para imputar delitos que no están siendo objetos dentro del proceso, para tratar a alguien como coautor en un delito que no lo es, para venir a decir que aquí hay un delito más de invasión de tierras, para venir a insinuar que hay un concierto para delinquir, prevaricato, esos delitos no existen en el proceso, no están y todas las pruebas que pretenden introducir esa inferencia no son llamadas aquí porque se habla de una medida cautelar para el proceso de corrupción al sufragante”, acotó Alejandro Sánchez, abogado del gobernador.

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“SE DEDICÓ A CONSOLIDAR INVASIONES”

El jurista Evaristo Rodríguez pidió al magistrado que le acreditaran el acervo probatorio porque considera que son evidentes para demostrar que el gobernador desde su cargo durante todos estos años se ha dedicado a consolidar las invasiones con la ayuda de algunos mandatarios municipales.

Entre los elementos están los documentos del posible pacto del gobernador con los invasores, una certificación de la Registraduría Civil donde se demuestra que los firmantes de los pactos son ciudadanos que estaban habilitados para votar, el compromiso suscrito el 11 de septiembre de 2011 de Augusto Ramírez, candidato a la Alcaldía de Valledupar para ese mismo año y tres videos, entre otros.

Los elementos de prueba quedaron a disposición del magistrado para que los evalúe y considerara su acreditación para mirar la viabilidad de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento contra el gobernador del Cesar, no obstante la audiencia fue suspendida para continuarla el próximo 26 de mayo.

Este proceso penal actualmente va en etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. El gobernador es señalado de haber pactado con los habitantes de las invasiones de Valledupar a no sacarlos de los predios ocupados ilegalmente a cambio de que votaran por él para ser elegido como gobernador entre el periodo 2012-2015.