La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, señalados de participar en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, occidente de Bogotá.
La decisión judicial modifica la imputación inicial por homicidio agravado en grado de tentativa, luego de que el congresista falleciera dos meses después en una clínica a causa de la gravedad de las heridas.
De acuerdo con las investigaciones, Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores al atentado, contactado a los demás involucrados y entregado el arma al adolescente que disparó contra el senador. González Cruz habría participado en reuniones de planeación, realizado reconocimientos del lugar, seleccionado al menor de edad que ejecutó el disparo y facilitado la huida de otros implicados.
Leer: Menor de 15 años implicado en homicidio de Miguel Uribe reabre debate sobre justicia juvenil en Colombia: Fiscalía imputa homicidio agravado a cuatro implicados en magnicidio de Miguel Uribe TurbayPor su parte, Martínez Martínez habría asistido a encuentros previos y trasladado el arma de fuego, mientras que González Ardila, a bordo de una motocicleta, esperó en las cercanías para recoger al menor y garantizar su escape.
Además del homicidio agravado, a González Cruz y Martínez Martínez se les imputó concierto para delinquir agravado. Los cuatro también están vinculados por utilización de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y destrucción de pruebas y porte ilegal de armas de fuego.
Según el comunicado de la Fiscalía, en los próximos días se adicionará el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González. El ente acusador, indico que tendría responsabilidad en calidad de coautor del hecho delictivo.
Todos permanecen privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones, que buscan identificar a los determinadores del crimen y a otros posibles partícipes.
Redacción judicial /EL PILÓN
