Un fiscal delegado acusó formalmente al exgobernador Luis Alberto Monsalvo como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los elementos de prueba indican que el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020.
Para los fines contractuales delegó a la secretaria General de la Gobernación, pero siempre estuvo al tanto del proceso licitatorio. En ese sentido, se le atribuye el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía.
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Para la Fiscalía, el hoy acusado omitió la función de ejercer supervisión, control y vigilancia sobre los contratos celebrados durante su administración, y permitió un detrimento patrimonial por 408 millones de pesos.
Un fiscal delegado acusó formalmente al exgobernador Luis Alberto Monsalvo como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los elementos de prueba indican que el exmandatario habría aprovechado la emergencia social y económica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia del covid-19, para celebrar 23 contratos para el suministro de 73.500 kits alimentarios para población vulnerable del departamento, en marzo de 2020.
Para los fines contractuales delegó a la secretaria General de la Gobernación, pero siempre estuvo al tanto del proceso licitatorio. En ese sentido, se le atribuye el posible direccionamiento irregular de la contratación de los paquetes alimentarios, por un valor de 9.000 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que no existió un adecuado estudio de mercado para establecer el costo real de cada kit. Es así como se impuso arbitrariamente un valor unitario de 126.600 pesos, sin atender factores de calidad, cantidad y lugar donde iban a ser entregados. De esta manera, al parecer, fueron vulnerados los principios de transparencia, selección objetiva y economía.
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