Pedro Pablo Padilla Vásquez mató con un cuchillo en el cuello, el 10 de junio del 2024, día del cumpleaños de la mujer que decía amar, en el corregimiento de Guaymaral. La explicación que dieron conocidos ante el fatal hecho fueron los celos enfermizos.

Similar caso: Edwin Jaimes lesionó con cuchillo a Liseth Carrillo persiguiéndola desde Valledupar a Barranquilla y luego intentó quitarse la vida él. En su momento, la palabra utilizada fue “psicópata” para justificar el detonante delictivo.

Agregarle «celos, pasión o enfermedad mental» a la conversación sobre un asesinato es un intento de justificación que termina ocultando un problema mucho mayor que es la violencia de género, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el departamento del Cesar, la realidad del feminicidio se esconde detrás de explicaciones simplistas, mientras las víctimas enfrentan un sistema que replica la cultura patriarcal desde la investigación hasta la judicialización.

El exterminio justificado con palabras

La antropóloga Myriam Jimeno, de la Universidad Nacional de Colombia, señala que muchas formas de violencia contra las mujeres tienen su origen en las dinámicas más íntimas de las relaciones personales. Un claro ejemplo es la idealización del amor romántico, que presenta las relaciones como algo trascendental donde las individualidades se fusionan.

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Estas uniones pueden generar desequilibrios de poder y justificar expresiones extremas como “morir de amor” o “matar por amor”. En palabras de Jimeno, en su estudio “El feminicidio está arraigado en la cultura”, “se puede mostrar a la mujer como un objeto valioso, mientras que el hombre cree tener el derecho de recompensar su obediencia con obsequios y dinero. Sin embargo, esto también le otorga el poder de sancionar cualquier falta o rebeldía percibida, que es donde radica la raíz de la violencia”.

Por lo tanto, el uso de términos como “crimen pasional”, “cegado por los celos” o “la mató por amor” puede llevar a una normalización y justificación de la violencia, minimizándola como un simple arrebato en lugar de reconocerla como un acto consciente dentro de una relación de dominio.

Feminicidio: la máxima expresión de odio

“El feminicidio es la representación máxima de misoginia, el odio absoluto hacia la mujer y el desprecio total por su vida”, afirma Shirly Silva Maestre, docente y abogada penalista de la Universidad del Área Andina en Valledupar. 

Los reportes del Instituto Nacional de Salud, a través del SIVIGILA, indican que, en el 2024, 1.627 mujeres fueron violentadas física y sexualmente en el departamento del Cesar. Por su parte, el senado reportó en un comunicado del 6 de marzo: “La ciudad de Valledupar se encuentra entre las diez ciudades de Colombia con mayores índices de casos de maltrato infantil, feminicidios, violencia de género y violencia intrafamiliar. En el departamento del Cesar las denuncias por violencia de género, principalmente contra las mujeres, aumentaron considerablemente, alcanzando la cifra de 1.200 por el delito de violencia de género en el año 2024, y 40 por feminicidios durante el 2023 y 2024”. 

Silva Maestre advierte que la cifra real podría ser mayor, ya que muchos casos se subregistran o se clasifican erróneamente como homicidios o violencia intrafamiliar.

Una estructura patriarcal obstaculiza la justicia

Según Silva Maestre, el principal problema reside en la estructura patriarcal de la sociedad y del Estado, que se manifiesta en todos los ámbitos: familiar, académico, social e institucional. “Crecemos en una cultura que coloca al hombre en una situación de poder y genera discriminación y sometimiento hacia la mujer”, explica. Esta cultura machista se replica en las instituciones, donde las víctimas son revictimizadas y no reciben la atención prioritaria que requieren para prevenir escenarios de violencia fatal.

La abogada señala que, aunque la Ley 1257 obliga a realizar una investigación contextualizada en casos de muertes violentas de mujeres para determinar si hubo discriminación de género, muchos funcionarios se resisten a implementar el enfoque de derechos humanos. 

“Encontramos funcionarios judiciales que tienen una reticencia a aceptar lo que es el enfoque de derecho humano para efectos de tramitar el proceso, para efectos de la emisión de la decisión“, afirma la abogada. Esta resistencia lleva a que los casos se califiquen erróneamente como homicidios o violencia intrafamiliar, lo cual impide que se haga justicia a las víctimas y se sancione a los agresores con la severidad que merecen.

Diferencia entre homicidio y feminicidio

Silva Maestre explica que la diferencia clave entre un homicidio y un feminicidio radica en la motivación del agresor. En el feminicidio, la muerte de la mujer se perpetra por motivos de discriminación de género, sometimiento o cualquier otra circunstancia que evidencie el desprecio por su vida. “Cuando hay una situación de vulnerabilidad por parte de la mujer respecto a su agresor, una vulnerabilidad por condición socioeconómica, racial, indígena, laboral, académica, etcétera, cuando un contexto de violencia de dinero previo, violencia sexual previa”, precisa.

En contraste, en un homicidio, el único propósito del agresor es matar, sin que exista una motivación de género. “Por ejemplo, si una mujer es víctima de un atraco y muere, se trata de un homicidio que podría ocurrirle tanto a un hombre como a una mujer”, explica Silva.

Políticas públicas para robustecer la justicia

Para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, Silva Maestre propone implementar políticas públicas que fortalezcan el sistema judicial y promuevan un cambio cultural. En colaboración con la Andina, la abogada está trabajando en la capacitación de distintos sectores y gremios, incluyendo jueces, fiscales, defensores, estudiantes de derecho, policías, periodistas, el sector de la construcción y artistas.

No son los únicos, desde hace 15 años la Red de Voceras y Voceros Párala Ya lo hace, explican que la educación y la formación de hombres y mujeres es la única salida a las violencias de género. “En los dos primeros años de ir a barrios, corregimientos y municipios del Cesar a informar sobre violencia de género, las denuncias aumentaron en un 300 %”, cuenta una vocera de la red de voluntarias y voluntarios.

La Oficina de la Mujer del Cesar enfoca la problemática desde los colegios, implementando talleres de formación en instituciones educativas. Reconociendo que la transformación debe comenzar en las nuevas generaciones, se busca desnaturalizar patrones de violencia contra la mujer entre niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo es que las mujeres reconozcan su propio valor y sirvan de inspiración a otras. Además, se realizarán talleres en comunas y barrios, en colaboración con lideresas, para abordar la prevención de la violencia de género. Se busca que las mujeres conozcan la ruta de atención, identifiquen a las autoridades competentes para cada situación y se conviertan en una red de apoyo para otras mujeres, capacitándolas para orientar y respaldar a quienes enfrenten situaciones de violencia.

Es por eso que desde la Andina se articulan con todos los actores involucrados para formar en violencia. “Queremos replicarlo con las autoridades legislativas, con la policía, lo queremos hacer con el sector vigilancia privada. Queremos hacernos con el sector educativo, colegios, universidades, con los periodistas, con el sector de la construcción, artistas”, afirma Silva Maestre. Además, se están llevando a cabo capacitaciones a la población, y se están creando escuelas de mujeres en los barrios para que aprendan a identificar las formas de violencia y la ruta a seguir para atenderla.

El objetivo final es dejar capacidad instalada en los barrios, para que hombres y mujeres sean multiplicadoras de este conocimiento y puedan disminuir el subregistro de casos de violencia. “De esa manera poder por lo menos disminuir el subregistro de los casos de violencia que hay. Y es que el observatorio de feminicidio, por ejemplo, en Colombia dicen, “van 40 feminicidios”, pero cuando miremos la fiscalía solamente hay dos reportados”, concluye Silva Maestre.

¿Casa refugio?

Desde la Oficina de la Mujer del Cesar, se gestiona asistencia técnica con el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Salud, impulsado por la voluntad de la gobernadora de implementar al menos una medida de atención a víctimas de violencia de género. La ley contempla opciones como casas refugio, subsidios monetarios o servicios hoteleros. Sin embargo, reconocen la limitación de recursos propios, por lo que se busca apoyo externo.

Con los recursos disponibles, la Oficina prioriza la implementación de subsidios monetarios para brindar una respuesta inmediata a mujeres en alto riesgo de feminicidio. Si bien se ha solicitado apoyo al Ministerio de Salud para establecer una casa refugio (considerando la posible utilización de bienes inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales), su adecuación y funcionamiento implican una inversión tal que actualmente no se puede cubrir en su totalidad. 

A raíz de esa problemática presupuestal  y en respuesta a las insistentes demandas de mujeres y organizaciones defensoras de sus derechos, la congresista Daza ha solicitado al Ministerio de Igualdad y Equidad que evalúe la viabilidad de establecer una casa refugio en Valledupar. 

Esta iniciativa busca proteger y asegurar los derechos de las mujeres que sufren violencia de género. El Ministerio se ha comprometido a contactar al Departamento del Cesar y a la Alcaldía de Valledupar, a través de su Dirección especializada, para ofrecer apoyo técnico y orientación en el proceso de creación de este espacio seguro.

Para seguir impulsando esta causa y sumar esfuerzos en la mejora de la situación de las mujeres en Valledupar, se ha organizado una mesa de alto nivel que se instalará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este evento tendrá lugar el viernes 7 de marzo en el Auditorio del Archivo Departamental “Aníbal Martínez Zuleta” de Valledupar.

Por: Katlin Navarro Luna /EL PILÓN