La madrugada de este lunes, 11 de agosto, Colombia recibió una trágica noticia que ha enlutado a todo el territorio nacional: el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe falleció tras permanecer internado más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe. Con su partida, su carrera política quedó truncada y los múltiples proyectos de educación que lideraba quedaron acéfalos.
Uribe Turbay hizo parte de la Comisión Constitucional Tercera del Senado y presentó iniciativas de alto perfil como el proyecto de Ley 191/2022, orientado a garantizar la pluralidad ideológica en la formación política e ideológica dentro de las instituciones educativas, y el proyecto de Ley 192/2022, que promueve la creación de un bono escolar en Colombia.
Este bono, que fue ampliamente debatido, plantea que los padres de familia o quienes tengan la patria potestad de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema, moderada o vulnerabilidad puedan acceder a un bono educativo financiado por el Estado para que sus hijos estudien en instituciones públicas o privadas.
De este bono se beneficiarían niños y jóvenes entre preescolar y educación media (grados 0 a 11). Asimismo, el PL “Por medio del cual se declara la educación como un servicio esencial y se dictan otras disposiciones” pretende establecer que ninguna actividad organizada que satisfaga necesidades de interés general o que garantice derechos de sujetos de especial protección constitucional pueda ser suspendida bajo la figura de la huelga cuando se trata de servicios esenciales, situación que se ha presentado en los últimos meses con las múltiples manifestaciones sociales que han provocado la suspensión de las clases.
Tecnología e innovación
Uribe, quien llegó al Congreso de la República para el periodo 2022-2026, siendo uno de los candidatos más votados con alrededor de 223.167 votos, en reiteradas ocasiones manifestó la necesidad de que desde las escuelas se le apostara en mayor medida al aprendizaje de las nuevas tecnologías y a disminuir las brechas digitales producto de la falta de conectividad y acceso a computadores.
En ese sentido, presentó un proyecto de ley para fomentar la formación de programadores en el país y, con ello, aumentar la disponibilidad de profesionales en programación, facilitando su incorporación en el mercado laboral. Lo anterior sería posible a través de la incorporación del pensamiento computacional con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) desde la educación básica.
Atendiendo dicha necesidad, lideró el PL “Por medio de la cual se incentiva el estudio de la programación en computadores, se promueve el acceso al nivel de educación técnica, se garantiza el internet en los establecimientos educativos y se dictan otras disposiciones”. Entre las múltiples disposiciones de la iniciativa, se contempla que los colegios podrán desarrollar procesos de articulación con el SENA, IES o ETDH, para que los estudiantes puedan graduarse no solo con el título de bachiller, sino también con una certificación técnica laboral.
Protección a la niñez y a la adolescencia
También promovió el proyecto de Ley 145 de 2024: ‘Un paso firme por la protección de la niñez y la adolescencia en Colombia’, que pretende fortalecer la protección integral de la niñez y la adolescencia en el país, haciendo que los delitos sexuales contra menores no prescriban y reforzando la responsabilidad penal tanto de los adolescentes como de los adultos responsables de su cuidado.
También presentó el PL “Por medio del cual se garantiza como tránsito a la universalidad, el acceso efectivo a todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 a la política de Estado Matrícula Cero, se crea un auxilio de transporte y alimentación y se dictan otras disposiciones”, el cual tiene como objetivo fortalecer el acceso, la permanencia y la finalización de estudios en la educación superior para los jóvenes más vulnerables del país. Sin embargo, tanto este como algunas iniciativas del fallecido congresista, fueron archivadas.
Por otro lado, bajo su dirección alcanzó a ser Ley de la República la iniciativa que ‘modifica la Ley 769 de 2002 y reglamenta el uso del cinturón de seguridad de tres puntos para el Transporte Escolar’, el cual obliga a implementar el cinturón de seguridad de tres puntos en todos los vehículos de transporte escolar en el país.
Este tipo de cinturón, considerado uno de los más seguros, distribuye la energía de un impacto a través de los hombros, el tórax y la pelvis, reduciendo significativamente las lesiones graves en caso de accidente. Actualmente, la mayoría de los vehículos de transporte escolar están equipados con cinturones de dos puntos, que ofrecen una protección limitada.
Por Namieh Baute Barrios
