A cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz estarían varias solicitudes de sometimiento de varios exfuncionarios y expolíticos del Cesar que fueron investigados por tener vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en el departamento.

Todos estarían buscando subsanar sus condenas o investigaciones en la justicia ordinaria a cambio de contribuir con la verdad en el conflicto armado del país y resarcir el daño a las víctimas.

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Entre los aspirantes está el excongresista, Pedro Muvdi Arangüena, condenado por financiar y ayudar en el proyecto político del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, el cual delinquía bajo el mando del Bloque Norte de las AUC, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias  Jorge 40.

Otro que aspira ingresar es el exalcalde de Astrea, Eduard López Tinocco, investigado por tener relación con el frente ‘Resistencia motilones del sur del Magdalena’ que pertenecía al Bloque Norte de las AUC.

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López también fue alcalde de Guamal (Magdalena) y fue condenado por la muerte del ciudadano Benjamín Ramos Rangel, asesinado con arma de fuego el 19 de febrero del 2005 en ese mismo municipio.

Finalmente está el exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, en el Cesar, Alfredo Barreneche Aarón, señalado de auspiciar empresas fachadas para generar ingresos a favor de los paramilitares que delinquían en la región.

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Según las autoridades, el exfuncionario habría actuado con el apoyo de su hermana, María Victoria Barreneche Aarón, quien también está siendo procesada y aspiró a ingresar a la JEP.

Estas solicitudes hacen parte de un listado de 916 personas que fueron conocidas por el medio de comunicación El Tiempo y que son analizadas por la  Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.