Pueblos indígenas de La Guajira y Serranía del Perijá presentaron una acción de tutela contra el Decreto 0858 de 2025, expedido por el Ministerio de Salud, que implementa el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
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La tutela, radicada el 20 de agosto de 2025 ante los juzgados del departamento del Cesar, busca la suspensión inmediata de la aplicación del decreto, argumentando que se vulneraron derechos fundamentales como la consulta previa, la diversidad étnica y cultural, además de afectar el autogobierno, la salud, la vida y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas.
Sin consulta ni diálogo con los pueblos indígenas
Héctor Castillo, asesor de los derechos sociales de la comunidad wayuu, expresó su profundo rechazo al decreto y la forma en que fue expedido sin consulta ni diálogo con los pueblos indígenas: “Como líder indígena del pueblo Wayuú le hago un llamado a los jueces para que verifiquen a fondo esta acción de tutela y reafirmen su compromiso con el pueblo Wayú y Yukpa afiliados a la EPS Dusakawi que ha trabajado por más de 30 años en los territorios recónditos de los tres departamentos. El gobierno nos ha pisoteado de una manera muy inminente al no considerar nuestro sistema normativo ni respetar nuestra forma tradicional de tomar decisiones, que es sentarnos bajo la enramada a debatir y acordar como pueblo”.
Castillo destacó que, desde 2009, la organización de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros representa el autogobierno espiritual y normativo de los Wayuu, y que el decreto debería haber sido consultado conforme a estos mandatos ancestrales.
Piden suspensión inmediata del decretazo
Por su parte, Edwar Álvarez, asesor del pueblo Yukpa, subrayó la gravedad del impacto que tendría la implementación del decreto sin consulta previa. “La nación Wayú, representada en 13 comunidades del resguardo de la Alta y Media Guajira, junto con el pueblo indígena Yukpa, hemos interpuesto esta tutela para que los jueces ordenen la suspensión inmediata del decreto 0858”, indicó.
Álvarez enfatizó que el decreto vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, y que su aplicación “generará una tragedia incalculable para los pueblos indígenas de la Serranía del Perijá y de la Guajira”. Afirmó que la improvisación del gobierno en materia de salud, como se ha evidenciado en otros sectores como el magisterio, podría provocar graves riesgos para la salud y la vida de las poblaciones indígenas, especialmente, los más vulnerables como ancianos y niños.
Este pronunciamiento se suma a las múltiples denuncias previas de las autoridades indígenas, que han cuestionado la expedición del decreto sin la debida consulta previa conforme a los estándares constitucionales y internacionales, tales como el Convenio 169 de la OIT.
Amenazas a la subsistencia de los pueblos originarios
El decreto 0858 establece un nuevo modelo de salud que modifica la organización territorial de los servicios y el rol de las Entidades Promotoras de Salud Indígena, como Dusakawi EPSI, que tradicionalmente atienden a estas comunidades en condiciones de difícil acceso geográfico y en contextos de alta vulnerabilidad social y cultural.
Organizaciones indígenas han advertido que este cambio podría debilitar prácticas ancestrales de salud propias y afectar la sostenibilidad financiera y operativa de las EPS indígenas, poniendo en riesgo el acceso a servicios médicos esenciales. Además, señalan que la falta de diálogo y consulta rompe la relación de confianza con el Estado, limitando la participación efectiva de los pueblos en decisiones que afectan su bienestar y derechos territoriales.
La Corte Constitucional y las autoridades judiciales encargadas de evaluar la tutela tendrán el reto de proteger los derechos fundamentales de estas comunidades en un contexto de reivindicación de la autonomía indígena y de búsqueda de modelos de salud interculturales adecuados a sus realidades.
