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La resolución que durante diez años condenó a Boquerón a la pobreza

En Boquerón los años pasan y son palpables, no en la mejoría, sino en el crónico desgaste de su vieja infraestructura, y en el rostro de aquellos que llevan una década esperando el reasentamiento. Solo crecieron la desesperanza y las grietas de las casas por las explosiones de las mineras.

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De entrada, en el corregimiento Boquerón, jurisdicción La Jagua de Ibirico, es visible que nunca construyeron para quedarse. Todos viven en pausa, a la expectativa. No cuentan con servicios públicos, ni agua potable, ni señal de internet, ni telefónica. Ninguna entidad pública invirtió en este desértico territorio del Cesar durante los últimos 10 años porque la promesa era reasentar a las familias que lo habitan.

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Si el Dane llegara a realizar una medición de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, el resultado, sin exageración, podría acercarse al 100 %, porque una resolución expedida en el 2010 (Resolución 970 del 20 de mayo de 2010) determinó que este corregimiento era un área fuente de alta contaminación por la actividad carbonífera de la región. Desde entonces, invertir en este territorio podría significar un detrimento para las autoridades. La anacrónica escuela y el puesto de salud fueron construidos antes de que emitieran la resolución que los condenó al atraso, pobreza y miseria.

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