Un juez de control de garantías de Bogotá decidió enviar a un centro carcelario de Valledupar a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, en el marco de una investigación en su contra por presuntos hechos de corrupción en el municipio de Albania.

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La determinación se produjo en la tarde del lunes en la audiencia de legalización de captura en virtud de que cumpliera una orden de medida de aseguramiento intramural que le fue proferida el 5 de julio de 2019.

El administrador de justicia tuvo en cuenta el arraigo de la exmandataria para considerar que la capital del Cesar sería el escenario adecuado para que cumpliera la medida.

Pinto Pérez regresa a prisión luego de haber estado durante un año prófuga de la justicia por las investigaciones que tiene por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

En esta oportunidad la medida carcelaria que cumplirá corresponde a un proceso penal por unos contratos que realizó aparentemente de manera irregular para colocar adoquines a unas vías del municipio de Albania.

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Según la investigación, la exmandataria creó la Fundación Princesa Negra para la auditoría de un contrato que tenía como objeto colocar adoquines en unas vías por un valor de más de $12.000 millones y en el cual se presentó un detrimento patrimonial de alrededor de $5.981 millones.

Por este pleito la defensa de Pinto había solicitado que su prohijada fuera procesada por la justicia indígena por pertenecer a la etnia Wayúu, pero la Corte Suprema consideró que debía ser juzgada por la justicia ordinaria.