Al burgomaestre las autoridades lo acusan de los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado.
El alcalde de Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza Fuentes, fue enviado a prisión por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías por presuntamente apropiarse de unos $1.400’000.000, producto de pedir comisiones a un contratista de ese municipio en distintas ocasiones.
La togada, en la tarde de este jueves, consideró que el mandatario presentaba riesgo de no comparecer durante el proceso dado que carece de arraigo por distintas dificultades y presenta varios cuestionamientos legales por su conducta.
“En el presente caso nos encontramos con unas múltiples investigaciones en el marco de administración pública y adicionalmente nos encontramos frente a investigaciones que se adelantan en la ciudad de montería y asimismo en Bogotá. Es por eso entonces que la Fiscalía cumplió con sus funciones”, expresó la juez.
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La disposición se dio luego que el fiscal 12 seccional, Gentil De León Mármol, solicitara que fuera enviado a la cárcel porque supuestamente Peñaloza recibió grandes sumas de dinero por pagos de comisiones ilegales que le realizaba el contratista, Otoniel Ariño Urbina.
Según la investigación, las primeras coimas las recibió a raíz de un contrato del municipio celebrado el 22 de abril del año 2015 por el alcalde anterior, Efraín Quintero, con el contratista Ariño Urbina y el representante legal de la unión temporal Centro Cultural Codazzi por valor de $2.502.671.148.
Al inicio de su administración aparentemente citó a varios contratistas a su despacho y le solicitó a Ariño el pago del 15 % del abono de mil millones de pesos que la alcaldía realizaría por la obra del Centro Cultural.
Entre tanto, el abogado William García de Luque apeló la decisión para que nuevamente sea valorada en segunda instancia por otro juez. El jurista consideró que el representante del ente acusador en su intervención no probó que el alcalde fuera un riesgo para la investigación.
“La Fiscalía tuvo toda la oportunidad de profundizar en la indagación y sin embargo al llegar a este estadio procesal donde nos encontramos, no lo hizo. Mírese que la denuncia de Otoniel Ariño Urbina por sí sola no dice nada, es solo eso una denuncia y no podemos asumir ya que Luis Vladimir Peñaloza es actor de la conducta criminal”, dijo García De Luque.
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La defensa había pedido anteriormente que Peñaloza no fuera enviado a centro carcelario pero el despacho judicial consideró que la medida no era la adecuada por las múltiples investigaciones que tiene el burgomaestre.
“Es cierto que la defensa solicitó la no privativa de la libertad pero esta judicatura no encuentra esto procedente en atención a que nos encontramos frente a una persona que aún cuenta con un reconocimiento como funcionario público, segundo que al encontrarse apartado de su cargo por una situación de vacaciones al mismo tiempo lo es por una sanción administrativa por parte de la Procuraduría y una sanción disciplinaria, que en este momento es objeto de investigación”, puntualizó la administradora de justicia.
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
[email protected]
Al burgomaestre las autoridades lo acusan de los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado.
El alcalde de Codazzi, Luis Vladimir ‘Luchito’ Peñaloza Fuentes, fue enviado a prisión por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías por presuntamente apropiarse de unos $1.400’000.000, producto de pedir comisiones a un contratista de ese municipio en distintas ocasiones.
La togada, en la tarde de este jueves, consideró que el mandatario presentaba riesgo de no comparecer durante el proceso dado que carece de arraigo por distintas dificultades y presenta varios cuestionamientos legales por su conducta.
“En el presente caso nos encontramos con unas múltiples investigaciones en el marco de administración pública y adicionalmente nos encontramos frente a investigaciones que se adelantan en la ciudad de montería y asimismo en Bogotá. Es por eso entonces que la Fiscalía cumplió con sus funciones”, expresó la juez.
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La disposición se dio luego que el fiscal 12 seccional, Gentil De León Mármol, solicitara que fuera enviado a la cárcel porque supuestamente Peñaloza recibió grandes sumas de dinero por pagos de comisiones ilegales que le realizaba el contratista, Otoniel Ariño Urbina.
Según la investigación, las primeras coimas las recibió a raíz de un contrato del municipio celebrado el 22 de abril del año 2015 por el alcalde anterior, Efraín Quintero, con el contratista Ariño Urbina y el representante legal de la unión temporal Centro Cultural Codazzi por valor de $2.502.671.148.
Al inicio de su administración aparentemente citó a varios contratistas a su despacho y le solicitó a Ariño el pago del 15 % del abono de mil millones de pesos que la alcaldía realizaría por la obra del Centro Cultural.
Entre tanto, el abogado William García de Luque apeló la decisión para que nuevamente sea valorada en segunda instancia por otro juez. El jurista consideró que el representante del ente acusador en su intervención no probó que el alcalde fuera un riesgo para la investigación.
“La Fiscalía tuvo toda la oportunidad de profundizar en la indagación y sin embargo al llegar a este estadio procesal donde nos encontramos, no lo hizo. Mírese que la denuncia de Otoniel Ariño Urbina por sí sola no dice nada, es solo eso una denuncia y no podemos asumir ya que Luis Vladimir Peñaloza es actor de la conducta criminal”, dijo García De Luque.
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La defensa había pedido anteriormente que Peñaloza no fuera enviado a centro carcelario pero el despacho judicial consideró que la medida no era la adecuada por las múltiples investigaciones que tiene el burgomaestre.
“Es cierto que la defensa solicitó la no privativa de la libertad pero esta judicatura no encuentra esto procedente en atención a que nos encontramos frente a una persona que aún cuenta con un reconocimiento como funcionario público, segundo que al encontrarse apartado de su cargo por una situación de vacaciones al mismo tiempo lo es por una sanción administrativa por parte de la Procuraduría y una sanción disciplinaria, que en este momento es objeto de investigación”, puntualizó la administradora de justicia.
POR MARLLELYS SALINAS M. / EL PILÓN
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