En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el caso de Yuliana Ángel Sanabria Ospino en Valledupar se ha convertido en un símbolo de la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de las personas trans. La sentencia judicial que protegió sus derechos a la dignidad humana, identidad de género, libre desarrollo de la personalidad e igualdad evidenció “graves actos de discriminación” en su contra por parte del médico César Augusto Fajardo Solano y del Hospital Eduardo Arredondo Daza (HEAD).

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El 9 de enero de 2025, Yuliana acudió al hospital con un fuerte dolor abdominal. Durante la consulta, el médico se negó a llamarla por su nombre identitario y utilizó pronombres masculinos, a pesar de que ella le solicitó explícitamente que respetara su identidad. Según el fallo judicial, Fajardo respondió con comentarios despectivos como: “Yo no estoy para esas maricadas”. Además, “días después publicó un video en redes sociales donde reiteró su postura discriminatoria y expuso datos personales de Yuliana”.

El fallo judicial: una reivindicación de derechos

El Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar emitió un fallo el 11 de febrero de 2025 en el que se tutelaron los derechos fundamentales de Yuliana. La sentencia ordenó al médico y al hospital presentar disculpas públicas, capacitar a su personal en derechos humanos y enfoque diferencial, y adaptar los sistemas de historias clínicas para incluir el nombre identitario y género autopercibido, conforme a la Resolución 2138 de 2023 del Ministerio de Salud.

El juez subrayó que “el derecho a la identidad de género debe ser garantizado en todos los campos de acción del ser humano”, incluyendo la atención médica. También señaló que tanto el médico como el hospital desconocieron los lineamientos establecidos en la Resolución 2138, lo que evidenció una falta grave en la formación del personal respecto al trato hacia personas trans.

Incumplimiento y desacato

A pesar del fallo judicial, el HEAD no cumplió con las órdenes relacionadas con las disculpas públicas ni con la publicación del fallo en sus instalaciones y página web. Esto llevó a la presentación de un incidente de desacato por parte de Yuliana y su equipo legal. En segunda instancia, aunque se otorgaron plazos más flexibles para implementar los cambios administrativos necesarios, las obligaciones relacionadas con las disculpas públicas permanecieron inalteradas.

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Beatriz Mejía, abogada de Caribe Afirmativo, denunció que el hospital no ha demostrado avances en el cumplimiento del fallo. “Persisten las vulneraciones a los derechos fundamentales no solo de Yuliana sino también de toda la población trans en el Cesar”, afirmó.

La violencia institucional como barrera estructural

El caso de Yuliana pone en evidencia una problemática más amplia: la violencia institucional que enfrenta la población trans en el departamento. Según Caribe Afirmativo, instituciones públicas y privadas frecuentemente desconocen los derechos fundamentales relacionados con la identidad de género. Además del sector salud, esta discriminación se extiende a otros espacios como universidades públicas como la Unal sede La Paz y la UPC.

La sentencia también ordenó jornadas obligatorias de capacitación para todo el personal del hospital sobre derechos humanos y enfoque diferencial. Sin embargo, hasta ahora no se han implementado estas medidas. Para Mejía, esto refleja una falta de compromiso institucional con la inclusión y respeto hacia las personas trans.

Reflexión en el Día Internacional de la Visibilidad Trans

Las actividades realizadas en Valledupar durante el Día Internacional de la Visibilidad Trans buscaron visibilizar las luchas y logros de esta población mientras se reflexionaba sobre los desafíos pendientes. En un conversatorio liderado por mujeres trans como Linda Sofía Baquero, Kelsy Polo, Victoria Mogollón, Andrea Durán y Yuliana Ángel Sanabria, se compartieron experiencias sobre las barreras enfrentadas en áreas como salud, educación y política social.

Por primera vez en Valledupar se realizó una marcha integrada por miembros de la población LGBTIQ+ para conmemorar esta fecha. Vanesa García, líder LGBTIQ+ local, destacó que estos espacios son esenciales para reconocer las vivencias únicas dentro del colectivo trans: “Fue un espacio o esa movilización y esa marcha para manifestar, para develar realmente lo que está pasando en el territorio, lo que está pasando con las chicas, los chicos y las personas de experiencia no binaria o las personas de experiencia trans. Creo que es importante resaltar la intención política que tienen estas movilizaciones. Es la primera movilización política, es la primera marcha trans en varios territorios y creo que da muestra de cómo el movimiento trans, aunque es muy pequeño fue muy sentido. Se supo que quienes marcharon, esta vez marcharon con un sentido político muy claro y con un sentir: tomarse el espacio y generar visibilidad de las experiencias trans en el territorio, porque no los hay. No hay escenarios que garanticen la visibilidad de personas trans”.

Un llamado a garantizar derechos

El caso Yuliana Ángel Sanabria es un recordatorio sobre las brechas estructurales que aún persisten en el departamento respecto al reconocimiento pleno de los derechos humanos para las personas trans. Si bien existen avances normativos como la Resolución 2138, su implementación efectiva sigue siendo un desafío.

En palabras del fallo a favor de Yuliana: “Ordenar a E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza a través de su gerente y/o representante legal, iniciar todos los trámites administrativos tendientes a adaptar formatos, registros y sistemas para que se tenga en cuenta el nombre identitario de las personas en las historias

clínicas tal como lo establece la Resolución 2138 de 19 de diciembre de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social. Las gestiones administrativas deberán ser

informadas de manera trimestral en aras de lograr el cumplimiento efectivo de la orden constitucional”. Este caso debe servir como punto de inflexión para que instituciones públicas y privadas asuman su responsabilidad en garantizar entornos inclusivos y libres de discriminación.

Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN