Tras dos semanas de cese de actividades académicas en las instituciones educativas Andrés Bello y San Alberto Magno, ubicadas en el municipio de San Alberto, al sur del departamento del Cesar, por la falta de de aseadoras, vigilantes y transporte escolar, los padres de familia piden a la Gobernación del Cesar celeridad a la contratación de estos servicios. 

El pasado 28 de enero, inicio del calendario escolar en San Alberto, los estudiantes de estos dos colegios oficiales reciben sus clases en pésimas condiciones de higiene en las aulas y baños. Tampoco cuentan con un vigilante para mayor seguridad de los menores y aquellos que viven en la zona rural muchas veces los padres no tienen dinero para enviarlos a las escuelas. 

Esta situación afecta a alrededor de 6.000 estudiantes matriculados en ambos planteles educativos y sus sedes de primaria (cinco en total), donde algunos de los niños y niñas pertenecen al casco rural del municipio de San Alberto. 

EL PARO 

Desde hace 15 días los padres de familia y estudiantes suspendieron las actividades académicas en todas las sedes educativas de Andrés Bello y San Alberto Magno, en el casco urbano del municipio de San Alberto, hasta tanto se hagan los respectivos contratos. 

“Hace dos semanas cerraron los colegios y no se permite el ingreso de los estudiantes porque no se tienen los servicios de vigilancia, las aseadoras para la limpieza de los baños y salones y el transporte escolar. La Gobernación ha dilatado la contratación y nos ponen fechas pero son incumplidas”, dijo Hernando Rodríguez Castilla, padre de dos estudiantes. 

Rodríguez Castilla, contó además que es la tercera vez que se realizan protestas en los planteles educativos para exigir al Gobierno departamental que le preste atención a la problemática.

“Este es el tercer paro que realizamos y no lo vamos a levantar hasta que se nombren a las personas que se requieren para el aseo, vigilancia y, también exigimos que los estudiantes de los grados 10 y 11 les den el PAE”, agregó.

PROMESAS INCUMPLIDAS 

De acuerdo con el padre de familia desde que hubo el primer paro a finales del mes de febrero de 2022, la secretaria Departamental, Pamela García Mendoza,  se comprometió con la comunidad educativa a poner una aseadora y vigilante en cada institución.  

“Han transcurrido más de cuatro meses desde el inicio de las actividades académicas en el año 2022, y aún no ha contratado los referidos servicios, situación que, en el caso de aseo, está generando una emergencia sanitaria que debe ser controlada a la mayor brevedad posible”, sostuvo Rodríguez Castilla.

“EL PAE SE ESTÁ GARANTIZANDO”

Por su parte, la secretaria Departamental, Pamela García Mendoza informó que con relación al Programa de Alimentación Escolar, PAE, se “está garantizando la totalidad de la atención en un 100% de los estudiantes”.

La garantía del PAE cobija a los estudiantes de la Jornada Única, población étnica, población rural y estudiantes de 0 a 5 grado de los cascos urbanos, según explicó la funcionaria, exceptuando los estudiantes de grados 6 a 11 grado de los cascos urbanos.

Sin embargo, la población estudiantil y padres de familia esperan que dé inicio el programa de Transporte Escolar, vigilancia y aseo en San Alberto. 

PANORAMA NACIONAL 

Por otro lado, la crisis educativa se extiende a nivel nacional. Al menos 500.000 niños de tres departamentos y dos municipios cumplen más de 100 días sin recibir Alimentación Escolar y en dos Entidades Territoriales, ETC, está suspendido el servicio. 

Con corte al 18 de mayo del presente año, la Contraloría General de la República identificó que, después de cuatro meses de calendario escolar, cinco ETC (Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo) aún no reportan el inicio de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE. 

Así las cosas, la ETC Buenaventura presenta un retraso en el inicio de operación de más de 120 días, Neiva, 114; Magdalena, 114; Sucre, 114 y Sincelejo, 107. 

Es importante destacar, que de acuerdo a la Resolución 295 de noviembre 5 de 2021, a las 5 ETC ya mencionadas, desde noviembre del año 2021, le fueron asignados recursos del presupuesto de gastos de inversión para la vigencia fiscal 2022 (en total $63.990.709.166). 

“Hoy queremos desde la Contraloría reiterar nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”, indicó Luis Carlos Pineda, contralor Delegado para la Participación Ciudadana. 

KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN

@karenperezcol