La decisión correspondió a una petición que hizo el abogado defensor Gustavo Pumarejo de libertad por vencimiento de términos bajo el amparo del artículo 317 con numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.
El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías otorgó la libertad provisional a Wilfrido Antonio Pérez Olmos, investigado por presuntamente extorsionar a ciudadanos en el territorio nacional desde el departamento del Cesar.
La decisión correspondió a una petición que hizo el abogado defensor Gustavo Pumarejo de libertad por vencimiento de términos bajo el amparo del artículo 317 con numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Este establece que transcurridos ciento veinte días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación y que no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, los detenidos tienen derecho a pedir la libertad.
“Los fracasos no han sido solo por la defensa sino también por culpa del Estado, no ha habido inasistencia injustificada de mi parte”, precisó Pumarejo.
Añadió que varias audiencias fracasaron por no ser citado a las mismas por el mero desconocimiento de que él era el apoderado del detenido.
“Algunas fallaron por la Fiscalía y la cárcel que tuvo problema con el audio, ahora téngase en cuenta que la libertad no es una absolución; es para que él continúe vinculado al proceso, pero en libertad, con las mimas garantías institucionales de las víctima”, puntualizó el abogado.
Esta es la segunda vez que la defensa presentaba la solicitud. A inicios del mes de enero también había pedido la libertad de su protegido, pero en esa oportunidad se la habían negado.
Pérez Olmos está detenido en la Cárcel Judicial de Valledupar desde el año 2019 tras un operativo de las autoridades, donde capturaron a otras personas. En los detenidos había personas de Popayán, pero en el proceso hubo ruptura procesal, por lo que Pérez Olmos enfrenta su responsabilidad por dos presuntas víctimas.
Asimismo, está a la espera de iniciar juicio por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.
La decisión correspondió a una petición que hizo el abogado defensor Gustavo Pumarejo de libertad por vencimiento de términos bajo el amparo del artículo 317 con numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.
El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías otorgó la libertad provisional a Wilfrido Antonio Pérez Olmos, investigado por presuntamente extorsionar a ciudadanos en el territorio nacional desde el departamento del Cesar.
La decisión correspondió a una petición que hizo el abogado defensor Gustavo Pumarejo de libertad por vencimiento de términos bajo el amparo del artículo 317 con numeral 5 del Código de Procedimiento Penal. Este establece que transcurridos ciento veinte días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación y que no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, los detenidos tienen derecho a pedir la libertad.
“Los fracasos no han sido solo por la defensa sino también por culpa del Estado, no ha habido inasistencia injustificada de mi parte”, precisó Pumarejo.
Añadió que varias audiencias fracasaron por no ser citado a las mismas por el mero desconocimiento de que él era el apoderado del detenido.
“Algunas fallaron por la Fiscalía y la cárcel que tuvo problema con el audio, ahora téngase en cuenta que la libertad no es una absolución; es para que él continúe vinculado al proceso, pero en libertad, con las mimas garantías institucionales de las víctima”, puntualizó el abogado.
Esta es la segunda vez que la defensa presentaba la solicitud. A inicios del mes de enero también había pedido la libertad de su protegido, pero en esa oportunidad se la habían negado.
Pérez Olmos está detenido en la Cárcel Judicial de Valledupar desde el año 2019 tras un operativo de las autoridades, donde capturaron a otras personas. En los detenidos había personas de Popayán, pero en el proceso hubo ruptura procesal, por lo que Pérez Olmos enfrenta su responsabilidad por dos presuntas víctimas.
Asimismo, está a la espera de iniciar juicio por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito.