Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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En la continuación de las audiencias preliminares en la tarde de este martes, el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías decidió cobijar con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a los exempleados mineros capturados por presuntamente obtener pensión de manera irregular mediante un millonario desfalco al sistema pensional conocido como el ‘Cartel de los Locos’ o ‘Cartel de las pensiones’.

La togada consideró que los involucrados, Nilson Alonso Ospina Herrera, Yimi Rosado Zuleta, Carlos Tulio Mendoza Medina, Jorge Simón Camaño Barrios, Fabio Zuleta Poveda, Hencer Sierra Mendoza, Luis Miguel Gutiérrez Jiménez y Diego Armando Martínez Amara, no representaban algún impedimento para que la Fiscalía 12 seccional pueda continuar con el debido proceso.

La decisión se da luego de que el ente acusador solicitará en la vista pública registrada el pasado 29 de marzo, que a los judicializados se les otorgará de manera preventiva la detención domiciliaria por el proceso en su contra por los delitos de fraude procesal, estafa agravada y falsedad ideológica en documento público en calidad de determinador, de los cuales no se allanaron.

Los argumentos de la Fiscalía para dicha petición se basaron en que aparentemente estos manipularon documentos para alcanzar la pensión mediante incapacidades o enfermedades inexistentes.

“Falsificaron documentos para finalmente obtener una calificación de la perdida de la capacidad laboral por encima, igual o superior a un 50 % y así poder hacerse acreedores a una pensión de invalidez, así como haber inducido al error a funcionarios públicos con el propósito de obtener decisiones en este caso de acto administrativo y haber obtenido un provecho en detrimento de las entidades aseguradoras del país como Colpensiones, Allianz, Alfa, Chubb Colombia, entre otras por valor cuantificado en caso de las nueve personas… por una cifra que supera los $3.600 millones”, expresó el fiscal Gentil De León Mármol, en la audiencia de imputación de cargos.

A estas personas, de acuerdo a la investigación, se les ofrecía la posibilidad de demostrar enfermedad permanente y así acceder a este beneficio, luego de allegar documentación falsa que, aparentemente, demostraría el hecho de no estar en su sano juicio o tener otros males. Por tal razón habrían logrado pensionarse muchas personas que desde años anteriores pasaron los exámenes médicos que los declaraban con problemas psiquiátricos o con enfermedades varias.