El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar decidió cobijar con medida de aseguramiento no privativa de la libertad al exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, quien es acusado de cometer un millonario desfalco en la Alcaldía de Codazzi con el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Esta decisión, develada en la continuación de las audiencias concentradas, también benefició al exsecretario de educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla y a la contratista, Linda Xiomara Navarro Hernández.
Esto se da pese a que la Fiscalía 12 seccional presentó elementos materiales probatorios que presuntamente certificaban que los tres habrían malversado recursos para ocasionar un detrimento patrimonial de más de $341 millones.

Aunque en la diligencia el juez prohibió el acceso a los medios de comunicación, se conoció que la medida fue apelada por el fiscal, Gentil De León Mármol, en la que sustento porqué los tres podrían obstruir la justicia y representar un peligro para la comunidad.

DETALLE DEL PROCESO

El sustento que tuvo el fiscal para la investigación data de una denuncia estipulada por la Contraloría General de la Nación, a través de una auditoría especial en la que revisó un convenio de cooperación y un contrato de suministro.

Por eso, el ente acusador revisó la ejecución del Convenio 001 del 30 de enero de 2015, que suscribió el municipio de Agustín Codazzi con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, por valor de $418 millones y otro de prestación de servicio nro. 002 del 5 de junio del 2015, pactado por un valor de $1.226.177.920.

En estos, presuntamente, el fiscal encontró sobrecostos en varios aspectos, entre esos en las raciones de comida, ya que no se habría tenido en cuenta un análisis de los precios en el mercado por falta de planeación y ejecución.
Sin embargo, la defensa alegó que los presuntos detrimentos manifestados por la Contraloría y el fiscal variaban porque supuestamente no existen.

“El fiscal se mantiene en lo que le rinde el técnico de policía judicial adscrito al CTI que no es un dictamen pericial, no es base pericial, solamente hace unos requerimientos y planos en formatos JP11, donde lo único que hace es contactar unos datos de la Secretaría de Educación del departamento del Cesar frente al convenio y hace una operación aritmética que desemboca en una conclusión que no está cimentada en un peritaje”, aseguró el abogado Nibaldo Cabello, quien defiende los intereses del exalcalde y exsecretario de Educación.

Así las cosas, los tres quedaron en libertad, pero vinculados al proceso, por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideología en documento público y peculado por apropiación.