Cerca de 1.488 demandas están radicadas ante los jueces de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cesar, donde campesinos víctimas de la violencia del conflicto armado protagonizado por las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc, piden que sus predios les sean devueltos y así regresar a sus territorios de donde salieron desplazados.

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En otros procesos, los jueces ya han decidido en favor de los reclamantes.  Casos como el de Doris Vega, que volvió a su finca, en zona rural del municipio de El Copey, luego que en 1998 se marchó huyendo de la violencia de los grupos armados que golpeaban el campo del Cesar con masacres, asesinatos y desplazamientos. Luego de su regreso, apostó por un proyecto de ganadería productiva.

La Unidad de Restitución de Tierras igualmente indicó que el Juzgado Segundo Civil Especializado en este tema emitió dos sentencias a favor de la comunidad indígena Yukpa en los asentamientos de Iroka, Makue, Misaya y La Pista en la serranía del Perijá, devolviendo 10.000 hectáreas que benefician a 800 familias. 

Asimismo la URT y el Consejo Comunitario Los Cardonales de Guacoche presentaron una demanda ante los jueces competentes para recuperar su territorio ancestral conformado por  156 hectáreas y 9.489 metros cuadrados para las 274 familias que integran el Consejo Comunitario, ubicado en la zona rural de Valledupar.

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Cabe señalar que las AUC operaron en el Cesar y todo el país entre los años de 1996 y 2006, apoyadas por élites regionales que se mezclaron con las mafias del narcotráfico que buscaban enriquecerse y apoderarse de las tierras y así tener un dominio completo de los territorios, dejando a su paso decenas de víctimas.

EN LA GUAJIRA

Otras de las víctimas que buscan retornar a sus tierras son las comunidades de los pueblos Wiwa y Arhuaco con jurisdicción en el departamento de La Guajira, específicamente en los resguardos de La Laguna y Guamaka con un área total de 8.444 hectáreas.

POR: MILAGROS SÁNCHEZ / EL PILÓN