Con el revuelo político desatado por posibles sobrecostos en los procesos de contratación realizados por la Gobernación del Cesar durante la emergencia del coronavirus, los entes de control tienen bajo ‘la lupa’ al departamento del Cesar.
EL PILÓN entrevistó al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa Delgado, en virtud de conocer cómo serán esos procesos de indagaciones preliminares y cómo van las demás investigaciones que involucran al departamento.
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Dentro de la campaña Transparencia para la Emergencia, ¿cuál es el papel de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, en las investigaciones preliminares en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades en la contratación?
Se trata de dos temas distintos, por un lado, está la estrategia de Transparencia para la Emergencia y, por otro lado, las investigaciones que se adelantan contra el señor gobernador Monsalvo por posibles irregularidades en la contratación. En cuanto a lo primero, la Fiscalía General de la Nación está realizando verificaciones en tiempo real de los contratos que están siendo celebrados, modificados y liquidados en el marco de la emergencia sanitaria por parte de los diferentes entes territoriales y entidades del orden nacional, en compañía de las actividades que vienen adelantando la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
En relación con las investigaciones que se adelantan contra el señor gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por irregularidades en procesos de contratación, puedo decirle que, efectivamente, cursan en este momento 6 indagaciones preliminares en su contra por denuncias de este tipo, relacionadas con procesos contractuales en los que intervino como servidor.
Esos procesos están siendo adelantados por las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, en tanto se trata de una persona que cuenta con fuero constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución Política. Desde dicha dependencia estamos adelantando todas las actividades investigativas necesarias para verificar si, efectivamente, se tipificaría alguna conducta delictiva de este tipo por parte del señor gobernador. En caso de ser así, procederemos a realizar la respectiva imputación de cargos; en caso contrario, esto es, si no encontramos ninguna irregularidad de tipo penal, procederemos a archivar las diligencias.
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El estado de emergencia facilitó y agilizó la contratación pública en las entidades territoriales. Ya se conocen los primeros escándalos de posible corrupción. ¿Desde la Fiscalía cómo están trabajando para la vigilancia de los recursos públicos en las contrataciones en época de emergencia?
Conformamos un equipo de trabajo integrado por nuestros mejores fiscales e investigadores, especializados en la investigación de este tipo de conductas delictivas. En estos momentos están trabajando en recopilar toda la información y denuncias que estamos recibiendo desde todo el territorio nacional.
En esa línea se ha dispuesto la realización de varias actividades investigativas en todo el país. Estamos verificando los contratos celebrados para la entrega de mercados a la ciudadanía, en algunos de los cuales al parecer los precios de los productos están por encima de su costo de mercado. También estamos verificando si se están realizando correctamente los giros de los recursos a todos los entes territoriales con base en la normativa vigente.
¿En cuáles departamentos, la Fiscalía ha abierto investigaciones preliminares?
Tenemos una estrategia implementada en todo el país, que nos ha permitido verificar múltiples contratos en todo el territorio nacional, por lo que estamos verificando actuaciones de todos los entes territoriales. Debo indicar que actualmente se tienen abiertas indagaciones preliminares en 18 departamentos del país.
¿Alguna en el Cesar? ¿Qué se investiga?
En el Cesar hemos recibido alertas acerca de presuntos sobrecostos en 37 contratos que están siendo objeto de verificación por parte de los miembros de la policía judicial, los cuales, al parecer versan sobre posibles sobrecostos e idoneidad de los contratistas.
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En el mismo sentido se abrió una indagación preliminar en la Unidad Delegada ante la Corte con el fin de establecer las actuaciones en torno a la contratación de la Gobernación del Cesar, por el acto de delegación para la suscripción de los contratos que al parecer presentan estas alertas.
¿En qué etapa avanza el pleito que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por posible corrupción al sufragante en contra del gobernador del Cesar?
Actualmente se adelantan dos procesos en contra del señor gobernador por el delito de corrupción al sufragante, uno de ellos se encuentra en indagación preliminar y el otro, al que usted se refiere en la pregunta, está en etapa de juicio.
¿Cómo avanza la investigación sobre la presunta compra de votos liderada por el fallecido José Aponte Hernández en el Cesar y La Guajira?
En estos momentos los investigadores están realizando varias actividades, entre ellas la escucha de los audios obtenidos a raíz de la interceptación de comunicaciones. Es importante precisar que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde una parte de dicha investigación, en tanto el pasado 5 de marzo remitimos copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral para que desde dichas dependencias se investigue lo propio de sus competencias.
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A los pocos días de haber fallecido José Aponte Hernández en Brasil, la Fiscalía lideró varios operativos de extinción de dominio por presuntamente estar ligados a la banda criminal de ‘Marquitos’ Figueroa. ¿Por este caso hay procesados?
Desde la Dirección Especializada en Extinción de Dominio venimos adelantando una investigación desde el año pasado contra los bienes de la organización delictiva conocida como ‘Marquitos Figueroa‘, actuación que se encuentra ante los juzgados especializados. Identificamos que uno de los integrantes de dicha estructura era José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’ Hernández, por lo se le afectaron varios bienes en proceso de extinción de dominio, dentro de los cuales se destacan en Bogotá un inmueble; en Bolívar 2 inmuebles y 4136 semovientes; en Cesar 13 inmuebles, 3 sociedades y 757 semovientes; en Santander 21 inmuebles y 694 semovientes.