Aguachica, Codazzi, Becerril, Curumaní, El Paso, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello y La Paz en sus cabeceras serán los municipios que tendrán sistema biométrico para las elecciones del 27 de octubre.

Valledupar no contará con este, según la delegada de la Registraduría en el Cesar, Diana Jimeno Fuminaya, porque tras unas mesas de trabajo con la Misión de Observación Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía, entre otros, definieron cuales eran los puntos que de acuerdo a unas variables debían tener biometría y en el caso de la capital del Cesar no vieron riesgo para el proceso electoral de octubre.

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Sin embargo, en el comité de seguimiento electoral convocado por la Alcaldía de Valledupar, el candidato del Centro Democrático, Evelio Daza Daza, pidió este sistema para garantizar la transparencia del proceso electoral.

MUNICIPIOS EN ALTO RIESGO

De otra parte, la Procuraduría General de la Nación denunció que el 24 % de los municipios del país está en alto riesgo de trashumancia electoral, de cara a las elecciones regionales que se avecinan.

El procurador Fernando Carrillo aseguró que en 15 municipios se encontraron 105 mil cédulas inscritas en lo que correspondería a trasteo de votos.

Para el Ministerio Público, de los 32 departamentos del país 27 presentan un alto riesgo de trashumancia electoral.

Es así como hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estas conductas ilegales, porque “si hay alguien que no es solo la víctima, sino que lo convierten en el protagonista de este delito los mercaderes de votos en Colombia, es el ciudadano y por eso los invito a acercarse a las procuradurías, la Fiscalía, las personerías y denunciar a esos mercaderes de votos”

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Según dijo el trasteo de votos es una de las prácticas más arraigadas en la patología de lo que sucede en las elecciones en Colombia y “es el plato favorito de las organizaciones criminales dedicadas a la compra y venta de votos”.

De igual modo, anunció Carrillo Flórez que la próxima semana presentará en Barranquilla una aplicación para que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de publicidad ilegal que se presente en los municipios como pasacalles, pendones y afiches, entre otros.

Explicó también que han realizado hasta el momento un total de 854 visitas para verificar el cumplimiento de la Ley de Garantías, además de la vigilancia a la participación de funcionarios públicos en política.

Reiteró que está dispuesto a demostrar “que los delitos electorales, que se crearon en 2017, no pueden ser letra muerta, sino que la Procuraduría, conjuntamente con la Fiscalía General, estará atenta a que se den las investigaciones y las sanciones a los delincuentes electorales”.

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La delegada de la Registraduría en el Cesar, Diana Jimeno Fuminzaya, explicó que no conoce el diagnóstico del que habla la Procuraduría y afirmó que el tema de trashumancia es del Consejo Nacional Electoral.

Aseguró que la entidad está tomando todas las medidas para brindar garantías como es la realización de comités de seguimiento electoral para evaluar todo el proceso y organizar toda la logística.

POR: SANDRA SANTIAGO B / EL PILÓN
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