Con voz pausada y fuerte Rocío Escorcia Boneth comenzó a relatar lo que sería para ella una desgracia familiar, sobre todo para su madre, que murió sin conocer la verdad sobre la muerte de su hijo, Jhon Jader Escorcia Boneth, quien fue asesinado por los militares del Batallón La Popa y presentado como baja en combate en el departamento del Cesar. 

El joven de 19 años de edad residía en zona rural de Fundación, Magdalena, pero en el 2004 se marchó con otros cinco jóvenes para recoger café en el corregimiento de Santa Clara, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y nunca más regresó a su hogar. 

“En esa época no había trabajo para los jóvenes sin ninguna clase de educación y él (Jhon Jader) estaba en busca de qué hacer para comprar la leche del niño (el hijo). Se presentaron unos señores a ofrecerle una oferta de trabajo y así fue que se lo llevaron con los demás”, narró Rocío Escorcia, hermana de la víctima. 

Todo se volvió extraño. Solamente 15 días después comenzaron a aparecer las primeras noticias de Jhon Jader: un ciudadano de la región que se acercó a la casa de los Escorcia para comentarle que a su ser querido lo mató un grupo del Batallón de Artillería N°2 La Popa de la Décima Brigada del Ejército Nacional.

Sin embargo, al pasar los días y no saber nada de Jhon Jader Escorcia. Su hermana emprendió la búsqueda sola.

“En el periódico EL PILÓN reconocían a unas víctimas que habían sido enterradas como N.N… me vine a Valledupar, llegué a Medicina Legal y allá me dijeron que debía ir al cementerio y acá me dicen que los restos eran imposibles obtenerlos porque se los habían llevado al cementerio nuevo, no tenía esperanza y regresé a Medicina Legal para preguntar sobre quién le había dado muerte a mi hermano, diciéndome que tenía que ir al batallón”, agregó la mujer. 

Así fue que Rocío Escorcia conoció la realidad y confirmó lo que antes habían mencionado: su hermano había sido asesinado por los militares como un guerrillero. 

Los restos fueron ubicados en una fosa común del cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar donde también fueron ubicados los cuerpos de otras víctimas como Orlando Villareal Cortés, Carlos Alberto Castro Aguirre, Edgar Beltrán Hurtado, entre otros. 

“Quién iba a pensar que había criminales guardados en el Batallón La Popa, y por eso pido que si vinieron aquí sea para decir la verdad”, sentenció la mujer. 

Su testimonio fue apenas uno de los muchos que entregaron en la audiencia de Reconocimiento que comenzó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, este lunes 18 de julio en el auditorio de la Fundación Universitaria del Área Andina, en su sede de Valledupar. 

En este comparecieron decenas de familiares de las víctimas para escuchar a los 12 exmilitares del Batallón La Popa, responsabilizados de cometer 127 ejecuciones extrajudiciales en ocho municipios del departamento del Cesar y dos municipios del sur de La Guajira. 

LOS MILITARES 

El primero en asumir ese reconocimiento y responsabilidad fue el soldado Yeris Andrés Gómez Coronel, de 40 años de edad, quien aceptó que participó en más de 20 hechos que dejaron a 50 víctimas, entre esas a miembros de la etnia kankuama. 

“Reconozco que le quité la vida a seres humanos con derecho a vivir, a una comunidad a la que le destruí sus sueños y proyectos de vida, afectando sus tradiciones ancestrales y espirituales”, aseguró Gómez Coronel. Agregó que tiene la intención de aportar a la verdad de las que muchas familias llevan décadas esperándola. 

El soldado reconoció, también, que realizaron alianzas con los paramilitares y que siguió las instrucciones de sus superiores sin reparos, entre esas las del coronel Hernán Mejía, excomandante del Batallón La Popa. 

Para él todo comenzó en el corregimiento de Villa Germania, zona rural de Valledupar, donde un día entraron en contacto con guerrilleros del ELN y en un combate quedó herido un subversivo, a quien mató por orden de un mayor pese a no representar ya un peligro. 

“No le prestamos los primeros auxilios que se merece un excombatiente, violando el derecho a la vida. Fue la primera persona que asesiné por orden de un superior”, afirmó el soldado. Después por haber matado al excombatiente del ELN le dieron $100.000 y también le compraron a todo el grupo un arroz chino. 

El exmilitar Yeris Andrés Gómez confirmó que los paramilitares tenían una alianza con el entonces comandante del Batallón La Popa, el coronel Hernán Mejía, con el fin de realizar crímenes y presentar resultados. 

Recordó que, en una oportunidad, los paramilitares les entregaron a los militares 18 personas muertas, de las cuales 9 tenían su respectivo armamento y otras 9 que estaban heridas, siendo necesario que les propinaran un ‘tiro de gracia’ por orden del mayor Luis Mahecha. 

Las historias de horrores de la guerra el exmilitar las aceptó como crímenes de lesa humanidad que ocasionaron mucho daño a la sociedad. 

Junto al soldado Yeris Andrés Gómez comparecieron el mayor Heber Hernán Gómez Naranjo, el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, los subtenientes Eduart Gustavo Álvarez Mejía y Elkin Leonardo Burgos Suárez; los sargentos primero Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia; así como también, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Rivero y Alex José Mercado Sierra. 

Sin embargo, todos los exmiembros de la Fuerza Pública no alcanzaron a intervenir en la audiencia del lunes y lo harán durante este martes 19 de julio. En la diligencia se encontraban representantes del pueblo kankuamo y wiwa.