Cambiado notablemente en su aspecto físico tras el paso de 12 años en una cárcel de Estados Unidos, regresó a Colombia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien un día tuvo bajo su mando más de mil hombres armados y ahora deberá responder por las cruentas historias de violencia que dejó en su pasado con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

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En total son más de 1.486 investigaciones penales por las que deberá dar la cara a la justicia, en las cuales el departamento del Cesar  juega un papel trascendental.

Por ejemplo, a la antigua cabeza del Bloque Norte paramilitar se le atribuyen sonados casos de violencia en la región como la desaparición y homicidio de una comisión de siete miembros del CTI de la Fiscalía en zona rural del municipio de La Paz en el año 2000, y las masacres que cometieron frentes armados que estaban bajo su mando en Pueblo Bello, Astrea, entre otros.

Según el Ministerio de Justicia,  Tovar también tiene pendiente más de 35 órdenes de captura y 40 medidas de aseguramiento, por eso una vez tocó suelo colombiano quedó a disposición de la Fiscalía y de la justicia ordinaria.

Entre los delitos a responder está desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros.

Sin embargo, más que un castigo severo algunas víctimas de la violencia consideran que la obligación de Tovar Pupo es contar la verdad y resarcir el daño que ocasionó en el marco del conflicto armado interno colombiano.

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José Luis Peralta, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar, indicó que aún esperan la reparación por parte de las AUC en la región.

“Nosotros queremos que ‘Jorge 40’ reconozca las afectaciones que ocurrieron en nuestro territorio, pero eso no solo pasó en Las Minas de Iracal, sino también en Santa Isabel, Santa Cecilia y el resto del departamento de Cesar, además de La Guajira y Magdalena”, señaló Peralta.

El corregimiento de Las Minas de Iracal, municipio de Pueblo Bello, está situado a unos 50 minutos de la capital cesarense. Históricamente fue golpeado por los brazos armados de las Farc, el ELN y el paramilitarismo.

En un informe que los líderes presentaron ante la Unidad de Víctimas para ser sujetos de reparación colectiva quedó registrado que en el auge del conflicto armado por lo menos se presentaron 82 homicidios, de los cuales 17 se los atribuyeron a las Farc, seis al ELN y el resto a las Autodefensas Unidas de Colombia, en cabeza de Rodolfo Lizcano Rueda, alias 38, y David Fernández Rojas, alias 39.

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“Entonces nosotros estábamos aspirando a que la Ley de Justicia y Paz incluyera los daños ocasionados para la reparación vía judicial pero eso nunca se dio porque los entonces comandantes alias 38 y 39 están muertos. Pero nosotros queremos que esa responsabilidad la asuma Jorge 40 por línea de mando”, puntualizó el vocero de la Mesa Departamental de Víctimas en el Cesar.

¿ES POSIBLE LA VERDAD?

No obstante, Rodrigo Tovar Pupo no hace parte de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz porque en el 2015 fue expulsado por ‘falta de colaboración’.

Precisamente, eso sucedió después de la muerte de su hermano, Sergio Tovar Pupo, asesinado el 24 de diciembre de 2009 en un taller localizado en el barrio Siete de Agosto de Valledupar.

El fallecido era ingeniero de alimentos y no tenía problemas con la ley, por lo que aparentemente fue asesinado por enemigos de ‘Jorge 40’. 

Hace poco mediante una carta el exparamilitar también mostró su interés para colaborar con la justicia, por lo que recalcó su interés de hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Abimael Sánchez Villalobos, quien fue coordinador departamental del Centro de Memoria Histórica del Cesar, consideró que la versión del vallenato es pieza clave para rastrear los hilos del paramilitarismo en la región pero que el reto está en la seguridad que se le puedan brindar.  

“Él sería un eje fundamental para conocer la verdadera historia del paramilitarismo en el departamento del Cesar y buena parte de la región Caribe por el papel que tuvo como comandante del Bloque Norte, pero las autoridades deben brindarle las garantías. Hay muchos que no quieren que esa verdad se sepa, que salga a la luz pública”, aseveró Sánchez.

Aunque históricamente a ‘voz populi’ y mediante declaraciones de Salvatore Mancuso se instituye que Rodrigo Tovar tuvo muchos sus aliados en la sociedad vallenata y sector político, los conocedores de la historia del conflicto del país confían que su vuelta a casa no ocasione conflictos en la región. 

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“Creo que los propósitos de Rodrigo Tovar son más políticos. Habrá gente que le quiera hacer daño a él y a su familia por su pasado en armas pero también confío en que el departamento en un acto de grandeza también obre con resiliencia.  Pienso que ‘Jorge 40’ está más enfocado en la deuda con la verdad que tiene con el país, pero el Estado debe dar las garantías”, puntualizó Sánchez Villalobos.