A través de un comunicado, la multinacional minera de carbón, Cerrejón,  señaló que están abiertos al diálogo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, luego de casi dos semanas de huelga, pero reafirmó que el nuevo turno no hace parte de la negociación.

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“Cerrejón, como lo ha demostrado desde el inicio de la negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) y como ha reiterado en varias ocasiones, está abierto a negociar un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores, sus familias y las comunidades y, al tiempo, asegure la supervivencia de la compañía”, señalaron en la misiva.

La principal justificación de Cerrejón para congelar algunos beneficios es la crisis que sufre el mercado del carbón a nivel internacional y que golpea directamente sus finanzas.

“La realidad de la compañía, marcada por una reducción de la demanda, la drástica caída de los precios del carbón y agudizada por la emergencia provocada por el COVID-19, nos obliga a transformarnos. Entre las muchas medidas puestas en marcha para lograr la sostenibilidad de Cerrejón, se encuentra el cambio de turno de trabajo que no forma parte de la CCT y, por lo tanto, no es objeto de negociación”, se lee en el comunicado. Con lo anterior, la empresa reafirma que no negociará el polémico nuevo turno.

Como ha reseñado EL PILÓN, el nuevo turno 7×3 – 7×4 que la empresa quiere establecer lo dividiría así: el operario trabajaría 4 días en jornadas de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde,  y después haría 3 días de noche: 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. Luego vendrían tres días de descanso. En el siguiente turno trabajarían 3 días de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y cuatro de noche, descansando los siguientes cuatro días. 

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En ese sentido, el  presidente y negociador del sindicato,  Igor Díaz, señaló que “siempre han estado dispuestos a buscar un acuerdo”. “Tiene que haber claridad que el diálogo no puede ser sobre la base de la imposición, sino para buscar acuerdos, de manera abierta, con amplitud de discutir todos los temas, incluidos el turno que han querido imponer”, sostuvo el líder sindical.

 PETICIÓN

Cabe señalar que públicamente, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, y el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, intervinieron para que las partes llegaran a un acuerdo y pusieran fin a la huelga.

“El Gobierno nacional ha venido acompañando este conflicto laboral que se ha presentado en La Guajira con el Cerrejón. El Ministerio de Trabajo, con todas sus unidades y funcionarios, ofrece todas las alternativas posibles para que se inicie un diálogo pronto y se logre solucionar esta dificultad. Por eso invitamos a las dos partes a que se sienten y logremos un diálogo social para buscar una solución”, aseguró el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. 

El pliego de peticiones por parte del sindicato fue presentado el 14 de julio, pero por desacuerdos en materia de beneficios laborales como la modificación e implementación de turnos de trabajo (conocidos como 7×3 y 7×4), auxilios universitarios y acceso a crédito de vivienda, entre otros, así como la situación actual del mercado del carbón, no fue posible un arreglo y desde hace once días se inició el cese de actividades.    

VERSIONES OPUESTAS

Según la empresa, tras declarar la huelga, “Sintracarbón no se ha acercado de manera directa a la compañía para poder dialogar de manera respetuosa y transparente en el marco de la CCT. En esta línea, rechazamos las falsas acusaciones lanzadas por algunos directivos sindicales que se alejan del espíritu conciliador que deben tener estas conversaciones”.

“Los empleados de Cerrejón cuentan con excelentes beneficios, cuyos principales aspectos se mantienen a pesar de la grave situación económica que enfrenta la compañía. De hecho, la suma de los beneficios convencionales y no convencionales supera los 174.000 millones de pesos anuales, el equivalente al 40% del presupuesto de La Guajira para la vigencia 2020”, agrega la multinacional.  

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En oposición, los sindicalistas señalan que no creen que  la sostenibilidad y supervivencia de la empresa “dependa de un paquete de afectaciones a los derechos”. “Se destruyen beneficios convencionales que ya se tienen, (además de) disminuir 1.250 empleos directos e igual proporción en empleos indirectos, disminuir la expectativa de vida digna, deteriorar la salud, incrementar la sobrecarga laboral y menoscabar la integridad familiar de la que hoy se goza, gracias al turno actual (2×1-2×3) y con el que a la mayoría nos llevan y nos traen diariamente a nuestros hogares”, sostienen.

 Según lo establecido por el Ministerio de Trabajo, el tiempo máximo para alcanzar un arreglo es de 60 días, período en el cual es posible establecer mecanismos de común acuerdo. Posterior a los 60 días, es factible constituir una subcomisión de la Comisión Permanente de Concertación que prestará sus buenos servicios para la solución de conflictos.

POR: Deivis Caro/ EL PILÓN.