Considerado  como uno de los protagonistas de los últimos 10 años en las decisiones fiscales y tributarias del municipio, el secretario de Hacienda de Valledupar, Carlos Alfonso Araujo, cuenta cómo inició su relación laboral con el municipio.  

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“Durante muchos años, por razones de mi vínculo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico vengo conociendo  sobre  la situación fiscal del Municipio de Valledupar. Todos los años la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio, DAF, elabora el informe de viabilidad fiscal de los departamentos y de las ciudades capitales y habíamos participado a través de conceptos en algunos temas puntuales, pero de gran trascendencia  para Valledupar como el leasing de infraestructura  y el crédito de los bonos de agua, entre otros”, relató.

“Posteriormente participé como perito jurídico en el proceso  concursal en el marco de la Ley 550 de 1999, que en buen momento inició el alcalde (Freddys) Socarrás, y de cuyo acuerdo con los acreedores destaco la desjudicialización del municipio, la recuperación del lote del Idema que se encontraba para remate en el Tribunal Administrativo del Cesar, la renegociación de la deuda pública, entre ellos la del leasing,  y la salvación del proyecto SIVA”, agregó el funcionario.

En el momento que el municipio de Valledupar decidió acogerse a la Ley 550, la deuda con los acreedores era de $ 211.000 millones. Seis años después la deuda es de $ 101.000 millones, un tercio de ella  con el BBVA por los llamados bonos de agua, los que cuales se cancelan con el rubro agua del Sistema General de Participación,  SGP.

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NUEVA ADMINISTRACIÓN

En una primera ocasión como asesor, en el 2020 Araujo Castro fue llamado por el alcalde electo para que dirigiera la Secretaría de Hacienda municipal.

“Encontramos, de acuerdo a lo certificado por el Comité de vigilancia,  una entidad  cumpliendo  con los compromisos de pagos con los acreedores y los indicadores de Ley 617 de 2000. No obstante que, al cierre de la vigencia 2019,  se generó un déficit fiscal en los ingresos corrientes de libre destinación por $4.814 millones que podrían poner en causal de incumplimiento el acuerdo de reestructuración de pasivos”, aseguró el funcionario.

Sobre ese déficit anunciado por la Secretaría de Hacienda se generó un debate entre la actual y la pasada administración.

“Ante esa coyuntura el primer objetivo,  entre otros, es mejorar el recaudo tributario, tarea que no es fácil, teniendo en cuenta los problemas económicos de la región que inciden en el mismo, como una tasa de desempleo del 19 %,  según cifras del DANE a marzo, crecimiento de los índices de pobreza y la desaceleración de algunos renglones económicos como el sector de la construcción, el sector minero y el sector agropecuario. A pesar de lo anterior en esta vigencia hemos podido recaudar a corte de mayo $49.390 millones,  un 45 % de lo presupuestado y un 64 % de lo estimado en el escenario financiero”, señaló Araujo.

 Sin embargo, reconoce el secretario, el municipio tiene un nuevo desafío: el recaudo de impuestos ante la pandemia.  En este caso son claves  los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD,  que aportan en promedio $110.000 millones anuales. Estos recursos llegan por concepto de impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, avisos y tableros, estampillas a la contratación. Para el 2020, estos  bajarían considerablemente  por efecto de la baja actividad económica que provocó la covid-19. 

“Surgió  a final del primer trimestre algo que  ninguna administración contemplaba en sus planes de gobierno, ni en sus escenarios financieros, la crisis originada por la pandemia del covid-19. Esta emergencia sanitaria ha generado problemas de liquidez en las entidades territoriales por la disminución del recaudo: en las proyecciones del Ministerio de Hacienda puede ser del 25 % (aproximadamente $27.000 millones); incrementó los índices de  desempleo y afectó la actividad económica de la ciudad. Con este panorama fiscal de no adoptarse las medidas se corre el riesgo de no poder atender el gasto corriente al final de la vigencia, el pago a los acreedores y proveedores, la desfinanciación del Plan de Desarrollo y el incumplimiento del programa de saneamiento fiscal”, subrayó el funcionario.

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PLAZOS, PLAZOS

A corto plazo, narra el secretario de Hacienda, para afrontar la situación era necesario maniobrar rápidamente con el fin de resolver los problemas de liquidez y poder  atender los gastos operacionales, prioritariamente los relacionados con la atención de la emergencia. Afortunadamente, agrega, se cuenta con el concurso del Gobierno nacional que ha tomado medidas a través de decretos legislativos que le permitirán a  las entidades ofrecer mejores alternativas de pago a los contribuyentes.

En el caso de Valledupar,  se adoptó con el nombre del ‘Gangazo Tributario’: “Con el apoyo ciudadano proyectamos compensar el menor ingreso del cuatrimestre y obtener los ingresos para financiar los proyectos de inversión, priorizando los que generen oportunidades de empleo”.  Además, el secretario reconoció que  se deben  mejorar los servicios  virtuales  de la entidad y los procesos y procedimientos, para darle celeridad a la respuesta institucional, lo anterior acompañado, en lo posible, de una reingeniería administrativa.

Por otro lado, a mediano plazo, según Araujo Castro, la idea es modificar el acuerdo con los acreedores, teniendo en cuenta que la mayoría de los fondos se apalancan con ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, reestructurar la deuda pública y poder cumplir al final del ejercicio con la regla fiscal para poder  mantener el apoyo financiero de la nación.

“También es prioritario, seguir buscando los consensos necesarios con los sectores productivos, gremiales y académicos que nos permitan consolidar una política pública de generación de empleo a largo plazo”, cerró el secretario de Hacienda.

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Por destacar, explicó que teniendo en cuenta que el programa de saneamiento fiscal y financiero es vigilado por la nación a través del Ministerio de Hacienda, hay que seguir haciéndole seguimiento al sector descentralizado (Emdupar, Terminal, Mercabastos, etc.) para monitorear su sostenibilidad financiera y evitar que se deteriore la prestación de los servicios y, eventualmente, se origine una contingencia que impacte las finanzas del nivel central del Municipio.  “Ojalá pudiéramos aprovechar la llegada de EPM y hacer alianzas estratégicas”.