El proyecto para construir una sede de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en el municipio de La Jagua de Ibirico volvió a quedar en el aire. La sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) realizada el jueves 6 de noviembre, penúltimo día hábil antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, terminó sin decisión debido a la falta de quórum, luego de que el profesor Eduardo García recusara a ocho de los nueve consejeros.
La medida obligó a suspender la reunión y enviar las recusaciones a la Procuraduría General de la Nación, lo que retrasará el trámite por varios meses o incluso años. Con ello, los $14.000 millones asignados por el Gobierno nacional para la primera fase de la sede quedarían sin ejecutarse durante este periodo ni bajo la rectoría de Rober Romero.
El presidente del CSU y delegado del Ministerio de Educación, Xavier Estrada, criticó duramente lo ocurrido y señaló que detrás de las recusaciones hubo “una serie de artimañas jurídicas promovidas por personas con intereses mezquinos y politiqueros”.
