El proyecto que buscaba construir una nueva sede de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en La Jagua de Ibirico volvió a quedar en el limbo. Este jueves 6 de noviembre, los miembros del Consejo Superior Universitario estaban citados para decidir si aprobaban o no la iniciativa; sin embargo, la sesión fracasó luego de que el docente Eduardo García recusara a ocho de los consejeros argumentando posibles conflictos de interés.
Entre los recusados se encuentran Carlos Morón, representante de los exrectores; Juan Nacimiento, representante de los estudiantes; José Carlos Pérez Yanci, representante de los egresados; Joaquín Manjarrez, representante de los gremios; Guillermo Echavarría, representante de los docentes; Armando Luis Cotes, representante de las directivas académicas; Xavier Estrada, delegado del Ministerio de Educación, y el rector Rober Romero, quien tiene voz pero no voto.
Esta era considerada la última oportunidad para darle viabilidad al proyecto porque el próximo 8 de noviembre inicia la ley de garantías en Colombia, la cual no permite firmar convenios entre entidades públicas.
Además, los consejeros no pudieron resolver entre ellos las recusaciones porque afectaron el quórum, por lo que tuvieron que enviarlas a la Procuraduría General.
Lo más probable es que los $14.000 millones asignados por el Gobierno nacional para su primera fase no se ejecuten en este Gobierno ni bajo la rectoría de Rober Romero.
Tropiezos en el proyecto
La propuesta de construir una sede de la UPC en La Jagua de Ibirico surgió durante el mandato del exalcalde Ovelio Jiménez, quien oficializó la entrega de un predio donado por la Agencia Nacional de Minería a la universidad, con el propósito de ampliar la cobertura de educación superior en el corredor minero del Cesar.
Desde entonces, el proyecto ha enfrentado múltiples obstáculos. Durante la actual administración del alcalde Leonardo Hernández, surgió una controversia cuando el mandatario aseguró públicamente que “ya había hablado con el contratista”, lo que generó críticas en distintos sectores y provocó que el tema llegara hasta el Ministerio de Educación, donde el proceso perdió prioridad.
Durante los dos años siguientes no se registraron avances significativos. Solo en septiembre de 2025, durante una cumbre en La Jagua de Ibirico con la presencia de representantes de los ministerios de Trabajo y Educación, se reactivó la discusión. En ese encuentro se propuso modificar el diseño inicial por una sede modular, construida con estructuras metálicas tipo containers, con el fin de acelerar la ejecución y reducir costos.
El nuevo plan, denominado “Instalación de modulares de la UPC sede La Jagua”, estaba valorado en $24.000 millones y reemplazaba el proyecto original, que contemplaba una infraestructura física similar a la de la sede de Aguachica.
No obstante, el rediseño tampoco logró consenso dentro del Consejo Superior. Algunos consejeros expresaron reservas sobre la solidez técnica y económica del proyecto.
