Un nuevo ajuste en la factura de energía comienza a tomar forma en el país. El Ministerio de Minas y Energía prepara una resolución con la que busca incorporar un cobro adicional en el servicio para saldar una parte de la deuda que en estos momentos tiene Air-e, empresa que suministra el servicio de energía a Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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“Es un paciente que se encuentra en cuidados intensivos y lo que necesita es caja y liquidez”, expresó el viceministro de Minas y Energía, Víctor Paternina, sobre la medida que intentará salvar la empresa que no opera en el Cesar, ya que Afinia es la que presta el servicio en esta zona del país.
La propuesta, que aún no ha sido oficializada, contempla sumar cerca de 8 pesos por cada kilovatio hora transportado en el sistema. Así lo dio a conocer el funcionario de esa cartera del Gobierno quien explicó que este mecanismo hace parte de una estrategia más amplia para estabilizar la prestación del servicio en una de las zonas más críticas del país en materia energética.
El cobro no se limitará a la Costa Caribe, sino que se distribuirá entre usuarios de todo el país, especialmente en los estratos 4, 5 y 6, por lo que usuarios de Valledupar y el Cesar también tendrían que pagar el aumento. El Gobierno busca que el peso de la medida recaiga en quienes tienen mayor capacidad de pago, evitando presionar aún más a los sectores de menores ingresos.
Con este ajuste, el Gobierno espera recoger alrededor de $235.000 millones a lo largo del año. La cifra, sin embargo, no es fija, ya que dependerá del consumo de energía de los usuarios. Aun así, el objetivo es claro: generar un respaldo económico que permita cubrir compromisos y evitar mayores afectaciones en la operación del sistema.
El funcionario indicó que aún no se ha fijado la fecha para comenzar a cobrar el aumento, que según explica el viceministro, impactará levemente el bolsillo de los usuarios.
La apuesta oficial parte de una premisa: el problema energético del Caribe no es aislado. Según el Ejecutivo, garantizar la estabilidad del servicio en esta región es clave para el funcionamiento de la economía nacional, en particular por su impacto en actividades portuarias y logísticas. Bajo ese argumento, el nuevo cobro se plantea como una respuesta inmediata a una situación que, advierten, requiere soluciones de fondo.
Este anuncio ha generado polémica, sobre todo, en aquellos usuarios, como los cesarenses, que no tienen nada que ver con la empresa Air-e y que de alguna manera tendrán que llevarse la mano al dril para solucionar la multimillonaria deuda que esta tiene con las generadoras, pérdidas no técnicas, problemas de recaudo y otros factores que han llevado a la compañía a su situación actual.
En septiembre de 2024, el Gobierno decidió intervenir a Air-e ante el deterioro de sus finanzas y la falta de liquidez, un escenario que amenazaba con afectar la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía había advertido que no podía sostener su operación debido a deudas acumuladas y una elevada cartera morosa, por lo que la medida buscó garantizar la continuidad del suministro eléctrico en la región Caribe, especialmente en medio de las presiones derivadas del fenómeno de El Niño.
De cuánto es la deuda de la empresa Air-e
En estos momentos, Air-e registra una deuda que ronda los 2 billones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud de su crisis financiera en medio del proceso de intervención. Sus principales acreedores son compañías del sector termoeléctrico y generadoras de energía, a las que la empresa les adeuda pagos por el suministro y la comercialización del servicio.
Este panorama ha encendido las alertas dentro del sector eléctrico, debido a que el incumplimiento en estas obligaciones podría afectar la estabilidad del sistema y la continuidad del servicio en la región Caribe.
