A una crisis financiera está abocada la Universidad Popular producto de demandas laborales que alcanzarían un valor aproximado a los 5.000 millones de pesos. La situación fue reconocida por el rector de la institución, Jesualdo Hernández Mieles, quien confirmó el embargo de las cuentas bancarias así como de cuatro vehículos de la UPC incluido el de rectoría, lo que tiene a la institución en una situación financiera delicada, que la podría llevar a una parálisis de no resolverse pronto la situación.
Uno de esos casos es el del funcionario Galvis Bolaño Daza que tras ser despedido en el año 2004 se ordenó su l reintegro y el pago de las indemnizaciones, valor que ha sido tasado en 1.200 millones de pesos. Representado por el abogado César Carmona Mendinueta, Bolaños Daza reclama dicho valor, luego de iniciar la demanda laboral la cual fue fallada en contra por el Juzgado y fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cesar, tras la apelación del empleado. No obstante, este interpuso una tutela ante el Consejo de Estado la cual fue fallada a su favor y se ordenó al Juez la revisión del caso y la valoración precisa de las pruebas, ante lo cual produjo otro fallo pero esta vez favorable a Bolaño Daza.
El plazo cumplido
El plazo de 18 meses para el pago, venció el pasado siete de octubre, sin que la UPC cumpliera con el pago ordenado en el fallo. El valor inicial de la demanda que fue por valor de unos 700 millones de pesos ahora se ve incrementada ostensiblemente ante el paso del tiempo, siete años, y el valor de las costas, así como la indexación.
Jesualdo Hernández Mieles, rector de la UPC desde hace tres meses y medio, manifestó que “en el pasado existió un proceso en el que se decretó la nulidad de la Resolución 00195 del 18 de febrero de 2004 que declaró insubsistente al funcionario en mención y se ordenó a la Universidad pagarle los salarios dejados de percibir”.
De la Sentencia de la demanda producida, el rector se notificó el 24 de octubre pasado, y se hacen los estudios financieros y jurídicos con el fin de adoptar las medidas que mejoren o consulten los intereses de la UPC, dijo el rector.
La diferencia entre el valor que reclama el exfuncionario y lo que la Universidad estaría dispuesta a reconocer es significativa, pero el rector admite que se han generado unas costas judiciales, unos intereses e indexación que posiblemente eleven ese valor inicial.
Para tratar de solucionar la situación la UPC a través de la Oficina Jurídica y sus asesores están tratando de encontrar una salida que la libere y le permitan seguir funcionando normalmente y no se caiga en una parálisis. Esa solución podría presentarse en esta misma semana, consideró el asesor Jurídico Aldemar Montejo.
