La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de 10 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en la cual, en un fallo de primera instancia, ordenó suspender el desarrollo de las actividades mineras en zonas de la serranía de Perijá, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, debido a que estas podrían traslapar con ‘territorio ancestral de la comunidad yukpa’, suspensión que iría hasta cuando se delimite el territorio de la comunidad indígena.
“Para la Sala es claro que la explotación de carbón y posterior disposición de material estéril en territorios cuya titularidad está pendiente de decisión puede incidir de manera grave y diferenciada en la cultura Yukpa, al tratarse de una comunidad con una cosmovisión particular sobre el ambiente y sus recursos, y cuyo riesgo de extinción ha sido reconocido por el Estado”, reza la sentencia.
Las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, en su momento solicitaron sustraer un territorio de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones para la implementación de un botadero llamado El Palomo, en el cual se pretende manejar y hacer la disposición del residuo estéril producto de la explotación minera, actividad que se lleva a cabo en la operación para extraer el mineral.
