En los primeros días de junio, la familia de Bacilicia Paz, una indígena Wayuu-Painwa del norte de La Guajira, fue llamada a una reunión en la que se convocaba a toda la gente de su comunidad, la de Villaesperanza.
El encuentro tenía como finalidad convencer a los asistentes de firmar un papel en el que dieran el sí a un proyecto de minería de la empresa El Cerrejón, que implicaría en un futuro (se estima que en el 2023) la desviación de 26 kilómetros del cauce del río Ranchería para explotar cerca de 500 millones de toneladas de carbón que yacen bajo sus aguas.






