EL PILÓN conoció este lunes una carta enviada al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por parte de la Universidad Nacional, en la que rechazan una certificación expedida por Monsalvo en la que certifica que la Gobernación del Cesar sería la entidad ejecutora de los recursos destinados, en el marco del mecanismo de Pactos Territoriales, “para la construcción de la primera etapa de la Fase II del campus de la Sede de La Paz”.

La carta señala que el equipo de dirección de la Sede de La Paz revisó la certificación expedida por Monsalvo y una vez hecha la consulta ante la Rectoría le solicitó que disponga de los trámites y certificaciones correspondientes para que la entidad ejecutora de los recursos de Pactos Territoriales sea la Universidad Nacional de Colombia.

Pero más que una recomendación, en la carta enviada al gobernador quedó claro que es una posición firme, al punto que señalaron que si la Gobernación del Cesar no certifica a la Universidad Nacional como ejecutora de los recursos del proyecto, considerarían improcedente, además de inconveniente, presentar el proyecto ante el mecanismo de Pactos Territoriales, en cuyo caso se verían “en la necesidad de buscar la financiación de la obra mediante otra fuente de recursos”.

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RAZONES DE LA NACIONAL

¿En qué sustentaron esta decisión? En primer lugar, la Universidad Nacional señaló que  los estudios y diseños de la Fase II del campus de la Sede de La Paz fueron inicialmente contratados por la Gobernación del Cesar, pero, para la presentación ante Pactos Territoriales, estos no cumplían con los requerimientos establecidos. 

“La sede invirtió $491.024.273 para que los planos entregados a la Gobernación en su momento tuvieran el nivel técnico que exige el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La actualización de los estudios y diseños fue liderada por profesores de la Universidad Nacional de Colombia”. Por lo tanto, consideran, los profesores “ostentan los derechos morales de propiedad intelectual y conocen las especificaciones solicitadas que garantizan el cumplimiento de los mejores estándares de calidad”. 

En segundo lugar, la institución de educación superior señaló que el DNP había informado que los $80.000 millones disponibles para viabilizar el proyecto provenían de recursos de la nación (PGD), pero que hace un mes les indicaron que no sería la totalidad, sino el 70 %, y el restante 30 % provendría del departamento del Cesar. “En vista de que el grueso del aporte es del nivel nacional y que la Universidad Nacional de Colombia es una entidad de este orden, debería ser esta la que ejecute los recursos del proyecto”, aseguraron.

En tercer lugar manifestaron un limitante jurídico. Y es que al parecer la totalidad de los recursos del Pacto Territorial Cesar-Guajira no son suficientes para costear toda la primera etapa de esta Fase II, por lo que se requiere que la Sede de La Paz comprometa recursos de inversión del próximo trienio por el orden de 900 millones de pesos. Como la Universidad no es parte de Pactos Territoriales, “no existe un mecanismo interno que permita erogar esos recursos de inversión de la Universidad al departamento del Cesar para que desde allí sean  ejecutados”.

En cuarto lugar indicaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) dio aval para la presentación del proyecto ante el DNP en el entendido de que la entidad ejecutora sería la Universidad Nacional. “Por provenir de la máxima autoridad universitaria, este aval constituye un mandato que no puede ser desconocido ni modificado por otra autoridad universitaria, y por tanto la sede de La Paz no tendría la potestad para la presentación del proyecto al DNP si la entidad ejecutora no es la misma Universidad Nacional de Colombia”.

Finalmente, sin decirlo directamente, la Universidad Nacional recordó que la primera fase, contratada en el primer gobierno de Luis Alberto Monsalvo, casi se convierte en un elefante blanco. “Para otorgar su aval, el CSU exigió la construcción de la matriz de riesgos de este proyecto, en la que se tuvo en cuenta el histórico de la ejecución del proyecto de la Fase I de la Sede La Paz y el informe de Contraloría General de la Nación sobre este. Así que, para minimizar los riesgos, es preciso que se acceda a nuestra solicitud, y que la ejecución del proyecto en mención esté en cabeza de la Universidad Nacional de Colombia”.

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ANTECEDENTES DE LA GOBERNACIÓN

Es de conocimiento público el cuestionado antecedente de la Gobernación del Cesar en la contratación de grandes obras. La misma Universidad Nacional, sede La Paz, es un ejemplo.   El contrato de ejecución, con más tropiezos que éxito, fue puesto en marcha desde el 23 de agosto de 2013, con un plazo de terminación inicial de 18 meses. A los cinco años de haber iniciado la obra estuvo cerca de fracasar. Afortunadamente, fue inaugurada casi 6 años después.

Otra obra cuestionada también está en ese terreno. Para el 2013, la Gobernación contrató la construcción de dos Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT): el CDT ganadero y el CDT pesquero. El plazo inicial era de 13 meses. No obstante, el CDT pesquero no se ha terminado 7 años después. Incluso, recién posesionado como gobernador en su segundo periodo, Monsalvo firmó un nuevo contrato por $10.912 millones para terminar las obras del CDT pesquero.En esos antecedentes negativos también entra el estadio Armando Maestre Pavajeau. Con una tardanza de más del 139 % del plazo inicial, la multimillonaria obra del estadio nunca fue terminada.

Por: Redacción EL PILÓN