El río Casacará, columna vertebral hídrica para el corregimiento de Llerasca y comunidades aledañas en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar, es el escenario de un conflictivo enfrentamiento entre actividades de minería artesanal y minería a gran escala formalizada, cuyas consecuencias amenazan no solo la integridad del río, sino la vida y supervivencia de las comunidades rurales.
En la raíz de esta crisis está la explotación de materiales de construcción —arena, grava y recebo— en el cauce y orillas del río, tradicionalmente hecha de forma artesanal por población afrodescendiente y yukpa, que en años recientes ha escalado a una minería de mayor tamaño, con permisos técnicos y ambientales que, sin embargo, según denuncias locales, no se cumplen en la práctica.
Raúl Silva Díaz, veedor ambiental que ha recorrido el río Casacará y acompañado el clamor comunitario por la defensa del recurso, es tajante: “En el río están causando una catástrofe ambiental. Hoy a este río, definitivamente, lo han venido extrayendo material de manera muy irregular y no responsable con el medio ambiente”. Silva denuncia que “las autoridades competentes en materia ambiental, desde el departamento, están mirando hacia otro lado mientras en Llerasca acaban con el río Casacará”.
Uno de los puntos álgidos del conflicto es la profundidad máxima autorizada para la extracción, fijada en 1.6 metros por la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) para proteger la capa impermeabilizadora natural del río. Sin embargo, “una máquina de oruga, una retroexcavadora, cuyo balde puede hacer una profundidad de más de 3 metros, el doble de lo autorizado”, opera impunemente, advierte Silva. “Si seguimos permitiendo eso, vamos a dañar la capa impermeabilizadora del río, y el agua no la vamos a ver correr, sino que se va a profundizar y se va a perder el río”.
Este deterioro no solo afecta el cauce, sino la planta de captación de agua potable del corregimiento de Llerasca, Codazzi, y por ende, la fuente vital de agua para agricultores, ganaderos, palmicultores y las comunidades campesinas e indígenas que dependen de ella. El veedor expresa con preocupación: “Si los pequeños parceleros, empresarios palmeros y ganaderos se quedan sin agua, no habrá trabajo ni desarrollo”.
El proceso formal y las contradicciones en el terreno
Ricardo Zambrano García es el titular legal de la concesión minera LEC-16451 otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) tras un largo proceso de formalización iniciado en 2010 y que se consolidó con un contrato vigente desde julio de 2022. Además, cuenta con una licencia ambiental definitiva emitida por Corpocesar en julio de 2024, que lo autoriza a explotar materiales en tres frentes que suman cerca de siete hectáreas, bajo un método “a cielo abierto” y cumpliendo con los requisitos técnicos y ambientales estipulados.
No obstante, Raúl Silva Díaz, veedor ambiental de la zona, denuncia que Zambrano está operando al margen de la ley. Según Silva, “amparado en ese contrato, el señor realiza minería ilegal porque extrae fuera de los límites autorizados. Cuando se le confronta, él exhibe sus permisos y las autoridades minimizan la situación, pero la verdad es que sigue extrayendo material sin control”.
Silva explica que, aunque algunos informes oficiales aseguraban que el contrato no estaba en operación, la evidencia local indica todo lo contrario: “Todo el corregimiento de Llerasca fue testigo de que durante la socialización oficial él seguía sacando material del río”.
Socialización fallida
Dicha socialización se llevó a cabo el pasado 12 de agosto, pero, según varios asistentes, careció de una convocatoria adecuada. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal no fueron formalmente invitados a participar, dejando a la comunidad sin la información ni la oportunidad real de pronunciarse.
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Las leyes colombianas establecen que cualquier proyecto con posible impacto socioambiental debe ser socializado respetando procesos claros y rigurosos. En particular, cuando se trata de comunidades afrodescendientes o indígenas, la consulta previa es un derecho fundamental que obliga a las autoridades y empresas a informar de manera anticipada, clara y culturalmente sensible, para asegurar un diálogo abierto y la búsqueda de consensos.
Sin transparencia
La socialización ambiental, por su parte, demanda transparencia total, con información completa sobre el proyecto, sus impactos y las medidas de mitigación. Deben realizarse convocatorias formales a las comunidades afectadas, facilitar su participación efectiva en espacios adecuados y dejar constancia documental del proceso. El Estudio de Impacto Ambiental debe ser público para recibir observaciones antes de otorgar permisos, y debe incluir un enfoque diferencial para comunidades vulnerables.
La socialización, según la ley, busca que todos los actores estén informados y puedan incidir en las decisiones, creando confianza y reduciendo conflictos. Lo sucedido en el río Casacará y Llerasca, con la ausencia de un proceso real y con consulta previa válida, ha desatado preocupación y rechazo en la comunidad, dejando clara la necesidad de respetar estos procesos para proteger derechos colectivos y promover un desarrollo sostenible.
Sumado a esto, Silva advierte sobre otro problema: Zambrano estaría operando un centro de acopio fuera del área autorizada, lo cual, según el veedor, constituye otra forma de minería ilegal. Esta actividad ha provocado daños en la infraestructura local, incluyendo vías destruidas y erosión significativa en las riberas del río.
Preocupación de los líderes afrodescendientes y campesinos
Nieves Córdoba, miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Llerasca y parte de la comunidad afrodescendiente, expresa la inquietud de sus vecinos: “La comunidad está muy preocupada porque en la socialización con el señor Zambrano, él habló de un permiso para explotar el río por 30 años más 10 prorrogables, y eso genera una ocupación muy grande, porque de ese río se abastecen dos acueductos y más de 150 parceleros en las orillas”.
Señala que no hubo consulta previa ni socialización adecuada con las comunidades indígenas ni afro, violando sus derechos y el protocolo de consulta previa que corresponde en casos con comunidades étnicas. “No hubo mesas de trabajo informando el impacto ambiental del proyecto. La comunidad está muy sola, sin presencia institucional que medie la situación”.
Desde el Consejo Comunitario Afrodescendiente La Divina Pastora de Llerasca, Almir Ocampo Pérez enfatiza la diferencia entre la minería artesanal anterior, que generaba empleo local de manera controlada y sin maquinaria pesada, y la actual actividad con maquinaria amarilla que considera “absolutamente nociva para la supervivencia del río y los cultivos”. Agrega que “el daño es muy grande, no hay retorno de nada por parte del señor Zambrano para la comunidad. Solo ha hecho algunos arreglos en calles, insuficientes ante la magnitud del impacto ambiental”.
Almir recuerda que durante las reuniones la socialización falló, los ánimos se calentaron y la comunidad protestó porque el tránsito de volquetas afecta las calles, las casas y el ecosistema.
Impacto ambiental y social
El daño ambiental denunciado por estas voces se refleja en la pérdida de la capa impermeabilizadora del río, erosión grave de las márgenes, deforestación en zonas de recarga hídrica y contaminación directa por aceites de maquinaria pesada. Además, “han destruido el lecho del río y construido vías dentro del mismo cauce para facilitar el transporte de materiales”, denuncia Silva, “lo que hace que en temporada de lluvias el río arrastre sedimentos y genera riesgos para infraestructura como el puente amarillo que conecta con la Troncal del Caribe”.
Este escenario afecta directamente el acceso al agua potable, fundamental para la vida rural, la agricultura y la ganadería de la región, planteando una amenaza al “mínimo vital” de los habitantes. La degradación del río impacta profundamente en la seguridad alimentaria y la economía local.
Fiscalización y exigencias legales
El veedor señala discrepancias en la actuación institucional: “El señor Zambrano lleva 15 años en esta actividad, pero solo empezó la operación formal hace 10 días tras denuncias y procesos sancionatorios abiertos. La licencia ambiental definitiva se otorgó incluso con procesos sancionatorios activos, lo cual es un contrasentido institucional”.
Además, cita la inacción o deficiente respuesta de entes como la policía y la inspección de policía local. Silva relata un episodio donde durante una actuación oficial, “la maquinaria fue retirada apresuradamente evitando el decomiso, lo que sugiere complicidades o falta de control efectivo“.
Reclama sanciones disciplinarias y penales por los daños ambientales y la supuesta minería ilegal, insistiendo en que “esto es un delito ambiental que las autoridades deben investigar y sancionar para proteger el río Casacará”.
Inminente ecocidio
La minería artesanal en el río Casacará tradicionalmente ha significado una fuente de empleo local y un uso más sostenible de los recursos, mientras que la minería a gran escala formalizada, en manos de Zambrano, representa una explotación intensa y presuntamente descontrolada. La “legalización de la destrucción del río Casacará”, como concluye Raúl Silva, está colocando a la comunidad en riesgo de perder un recurso insustituible.
Líderes comunitarios, veedores y organizaciones sociales hacen un llamado urgente: “No podemos permitir que siga este ecocidio. Es necesario que las autoridades ambientales y mineras ejerzan control riguroso, que se respeten los límites de explotación y que se establezcan canales genuinos de diálogo con las comunidades”. También insisten en implementar procesos de restauración ambiental y modelos productivos sostenibles que garanticen la vida del río y el bienestar de los habitantes de Llerasca, Casacará.
Mientras tanto, el río Casacará sigue siendo testigo de un pulso entre la legalidad formal, la minería efectiva y la defensa ambiental que marcará el futuro del afluente en esta región del Cesar.
EL PILÓN intentó comunicarse con Ricardo Zambrano García para conocer su versión sobre las denuncias, pero no fue posible establecer contacto. Pese a las gestiones realizadas, no se obtuvo un canal directo de comunicación.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
