La construcción de la despulpadora de frutas inició en el 2018 y hasta la fecha sigue sin estar en funcionamiento porque carece de las máquinas para el proceso de despulpado, insumos y presuntamente terminaciones en la infraestructura.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar admitió una demanda en contra del municipio por la “negligencia” que se ha presentado en los últimos tres años para poner en funcionamiento la despulpadora de frutas, ubicada en el corregimiento de La Mina. La construcción de la obra inició en el 2018 y hasta la fecha sigue en inactividad por la falta de insumos y maquinaria.
El proceso jurídico fue interpuesto por los procuradores Andy Ibarra y Jesús Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 19 de mayo y el primero de junio fue asignado al juzgado para su estudio. En el oficio también es demandado Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, porque presuntamente se está “violando el derecho colectivo relacionado con la defensa del patrimonio público”, que en este caso sería la despulpadora al no estar actualmente en funcionamiento.
La demanda señala que el municipio de Valledupar está vulnerando dicho derecho porque destinó para la obra $416.667 millones aproximadamente, que provenían de los recursos de inversión pública del territorio. Este rubro fue invertido para generar desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, campesinos del municipio de Valledupar y su zona de influencia debido a que el procesamiento de frutas expandiría los productos que se ofertan en el municipio y con ello se generarían más ingresos.
En ese sentido, la municipalidad según el artículo 88 de la Constitución Política y el (literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, presuntamente está “vulnerando el derecho colectivo a la moralidad” debido a que la administración podría “no haber sido eficiente en hacer cumplir la finalidad por la que se invirtió el recurso”.
Por estas razones la demanda ordena al municipio que adelante las gestiones, administrativas, técnicas, presupuestales, contractuales y demás a las que haya lugar para que entre en funcionamiento o preste sus servicios la Planta de Procesamiento de Frutales del Centro Tecnológico de Frutas y Verduras del corregimiento de La Mina.
Así mismo, al cabildo gobernador del pueblo kankuamo se le ordena que cumpla con los compromisos asumidos que conduzcan de forma efectiva a que la despulpadora sea activada para brindarles a los campesinos una herramienta técnica que les permitirá explotar al máximo las cosechas de mango que se dan en esa zona.
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La falta de maquinaria para hacer el proceso de despulpaje es una las incógnitas que tienen los campesinos del corregimiento de La Mina y los de las zonas aledañas debido a que no saben en quién recae el suministro de las mismas. En ese sentido, el 22 de agosto del 2018 la administración municipal de ese entonces y Akotado S.A.S. realizaron el Contrato de Obra N° 1050 con el objetivo de terminar la construcción de la despulpadora.
Terminada la obra, la entrega física se realizó el 26 de marzo de 2019 y el 30 de mayo del mismo año se le entregó al cabildo gobernador del pueblo kankuamo de ese tiempo para que estuviera a cargo de la plata de procesamiento. Con la finalización de la infraestructura los campesinos y comunidades indígenas quedaron a la espera de que la maquinaria llegara para que la despulpadora entrará en funcionamiento, pero esta nunca llegó.
Debido a esa inconsistencia los demandantes enviaron un derecho de petición el 11 de septiembre de 2020 a la Secretaría de Obras Públicas Municipal para solicitar información sobre los implementos de la despulpadora para su funcionamiento. La entidad respondió que “el compromiso de la administración municipal con el pueblo kankuamo consistió en la construcción de la infraestructura física únicamente”.
En el mismo oficio la sectorial señaló de manera explícita que el predio donde está ubicada la despulpadora es propiedad de la etnia kankuama y que su competencia contractual con la obra terminó en el momento que se realizó la entrega del inmueble al resguardo indígena.
Al respecto de la falta de herramientas para que el proyecto sea activado, Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, aseveró que desde principios del mes de mayo retomaron conversaciones con la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, para consolidar una iniciativa que les permita acceder a los recursos provenientes de la nación para la compra de las máquinas.
De acuerdo con el cultivador de mango Julio Ortega, el interior de la despulpadora esta vacía. Los cuartos dispuestos para las herramientas y almacenar los insumos “acumulan telarañas” porque solo las paredes blancas de la edificación y la caja de energía están en el recinto. Comentó que llena de “tristeza” acercase a las ventanas de la planta y ver como sigue siendo un “sueño para la población que la obra entre en funcionamiento”.
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“Desde el 2013 estamos esperando una despulpadora de frutas en el corregimiento. Nosotros y los demás campesinos del Cesar trabajamos con ‘las uñas’ porque no podemos aprovechar al máximo las frutas. Hay mangos que se siguen perdiendo cuando hay un proyecto edificado”, manifestó Ortega.
Agregó que muchos productores además de querer despulpar sus frutas también esperaban trabajar en la planta porque se les aseguró que generaría más de 1.000 empleos, pero dichos puestos de trabajo se quedaron en promesas.
Sobre este proyecto, el secretario de Obras Públicas de Valledupar, Efraín Quintero, comentó que el día de ayer realizó una visita a la despulpadora para evaluar en qué estado se encuentra.
“Realizaremos un informe sobre las condiciones de la despulpadora y el tema en general para trasladárselo al alcalde de Valledupar, Mello Castro. La administración municipal tiene toda la intención de culminar todos los proyectos que se encontraron, así como lo hemos venido haciendo”, argumentó.
Por el momento los productores de mango y demás tipos de frutas del corregimiento de La Mina y las zonas cercanas continúan “al pendiente” de sí la administración municipal y el resguardo kankuamo llegan a una reunión para determinar las acciones a tomar para la activación de la planta procesadora, la cual es conocida como la “despulpadora del olvido”.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb
La construcción de la despulpadora de frutas inició en el 2018 y hasta la fecha sigue sin estar en funcionamiento porque carece de las máquinas para el proceso de despulpado, insumos y presuntamente terminaciones en la infraestructura.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar admitió una demanda en contra del municipio por la “negligencia” que se ha presentado en los últimos tres años para poner en funcionamiento la despulpadora de frutas, ubicada en el corregimiento de La Mina. La construcción de la obra inició en el 2018 y hasta la fecha sigue en inactividad por la falta de insumos y maquinaria.
El proceso jurídico fue interpuesto por los procuradores Andy Ibarra y Jesús Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 19 de mayo y el primero de junio fue asignado al juzgado para su estudio. En el oficio también es demandado Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, porque presuntamente se está “violando el derecho colectivo relacionado con la defensa del patrimonio público”, que en este caso sería la despulpadora al no estar actualmente en funcionamiento.
La demanda señala que el municipio de Valledupar está vulnerando dicho derecho porque destinó para la obra $416.667 millones aproximadamente, que provenían de los recursos de inversión pública del territorio. Este rubro fue invertido para generar desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, campesinos del municipio de Valledupar y su zona de influencia debido a que el procesamiento de frutas expandiría los productos que se ofertan en el municipio y con ello se generarían más ingresos.
En ese sentido, la municipalidad según el artículo 88 de la Constitución Política y el (literal b) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, presuntamente está “vulnerando el derecho colectivo a la moralidad” debido a que la administración podría “no haber sido eficiente en hacer cumplir la finalidad por la que se invirtió el recurso”.
Por estas razones la demanda ordena al municipio que adelante las gestiones, administrativas, técnicas, presupuestales, contractuales y demás a las que haya lugar para que entre en funcionamiento o preste sus servicios la Planta de Procesamiento de Frutales del Centro Tecnológico de Frutas y Verduras del corregimiento de La Mina.
Así mismo, al cabildo gobernador del pueblo kankuamo se le ordena que cumpla con los compromisos asumidos que conduzcan de forma efectiva a que la despulpadora sea activada para brindarles a los campesinos una herramienta técnica que les permitirá explotar al máximo las cosechas de mango que se dan en esa zona.
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La falta de maquinaria para hacer el proceso de despulpaje es una las incógnitas que tienen los campesinos del corregimiento de La Mina y los de las zonas aledañas debido a que no saben en quién recae el suministro de las mismas. En ese sentido, el 22 de agosto del 2018 la administración municipal de ese entonces y Akotado S.A.S. realizaron el Contrato de Obra N° 1050 con el objetivo de terminar la construcción de la despulpadora.
Terminada la obra, la entrega física se realizó el 26 de marzo de 2019 y el 30 de mayo del mismo año se le entregó al cabildo gobernador del pueblo kankuamo de ese tiempo para que estuviera a cargo de la plata de procesamiento. Con la finalización de la infraestructura los campesinos y comunidades indígenas quedaron a la espera de que la maquinaria llegara para que la despulpadora entrará en funcionamiento, pero esta nunca llegó.
Debido a esa inconsistencia los demandantes enviaron un derecho de petición el 11 de septiembre de 2020 a la Secretaría de Obras Públicas Municipal para solicitar información sobre los implementos de la despulpadora para su funcionamiento. La entidad respondió que “el compromiso de la administración municipal con el pueblo kankuamo consistió en la construcción de la infraestructura física únicamente”.
En el mismo oficio la sectorial señaló de manera explícita que el predio donde está ubicada la despulpadora es propiedad de la etnia kankuama y que su competencia contractual con la obra terminó en el momento que se realizó la entrega del inmueble al resguardo indígena.
Al respecto de la falta de herramientas para que el proyecto sea activado, Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, aseveró que desde principios del mes de mayo retomaron conversaciones con la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, para consolidar una iniciativa que les permita acceder a los recursos provenientes de la nación para la compra de las máquinas.
De acuerdo con el cultivador de mango Julio Ortega, el interior de la despulpadora esta vacía. Los cuartos dispuestos para las herramientas y almacenar los insumos “acumulan telarañas” porque solo las paredes blancas de la edificación y la caja de energía están en el recinto. Comentó que llena de “tristeza” acercase a las ventanas de la planta y ver como sigue siendo un “sueño para la población que la obra entre en funcionamiento”.
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“Desde el 2013 estamos esperando una despulpadora de frutas en el corregimiento. Nosotros y los demás campesinos del Cesar trabajamos con ‘las uñas’ porque no podemos aprovechar al máximo las frutas. Hay mangos que se siguen perdiendo cuando hay un proyecto edificado”, manifestó Ortega.
Agregó que muchos productores además de querer despulpar sus frutas también esperaban trabajar en la planta porque se les aseguró que generaría más de 1.000 empleos, pero dichos puestos de trabajo se quedaron en promesas.
Sobre este proyecto, el secretario de Obras Públicas de Valledupar, Efraín Quintero, comentó que el día de ayer realizó una visita a la despulpadora para evaluar en qué estado se encuentra.
“Realizaremos un informe sobre las condiciones de la despulpadora y el tema en general para trasladárselo al alcalde de Valledupar, Mello Castro. La administración municipal tiene toda la intención de culminar todos los proyectos que se encontraron, así como lo hemos venido haciendo”, argumentó.
Por el momento los productores de mango y demás tipos de frutas del corregimiento de La Mina y las zonas cercanas continúan “al pendiente” de sí la administración municipal y el resguardo kankuamo llegan a una reunión para determinar las acciones a tomar para la activación de la planta procesadora, la cual es conocida como la “despulpadora del olvido”.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb