Tras las manifestaciones pacíficas realizadas en la Casa Indígena de Valledupar, que tenían como fin defender la autonomía y el derecho a un gobierno propio, la Defensoría del Pueblo en cabeza del delegado para los Grupos Étnicos, Daniel Garcés Carabalí, ratificó la autonomía de estas comunidades para la resolución de lo que han considerado conflictos internos.

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Todo esto manteniendo su facultad constitucional obligada a dialogar con las partes involucradas con el objetivo de buscar una salida mediante el diálogo y la construcción de consensos internos, respetando a los mamos como máxima institución representativa del pueblo arhuaco.

Cabe recordar que el génesis de este conflicto radica en lo que se ha considerado como diferencias internas derivadas de la presunta elección irregular del cabildo gobernador, Zarawawiko Torres Torres.

En el documento, la Defensoría del Pueblo indica: “Se emite advertencia a todas las entidades, solicitando abstenerse de registrar al cabildo arhuaco Zarwawiko, hasta tanto internamente esta comunidad arregle sus asuntos de conflictividad”.

No obstante, se enfatiza en que: “El registro por parte del Ministerio del Interior de la nueva directiva desconoció las disposiciones de la Corte Constitucional sentencia T-973 de 2009, en relación con el registro de autoridades indígenas cuando existen conflictos internos. Agudizó una división interna que pone en riesgo la integridad étnica y cultural del pueblo arhuaco como un sujeto colectivo de derecho, aumentando el riesgo de extinción física y cultural”.

En el desarrollo de esta manifestación que reunió a las cuatro etnias que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos, se indicó que tanto el Estado colombiano como el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el viceministro Carlos Baena han desconocido las estructuras de gobierno propio de los pueblos de la Sierra Nevada.

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Todo esto porque han pretendido crear asociaciones al interior de estos territorios que generan fragmentaciones y divisiones bajo intereses particulares que en ningún caso responden con lo que han considerado la Ley de Origen, creando autoridades indígenas que no tienen sustento dentro del contexto histórico y cultural, pero además ignorando lo mandatos.

POR: Dannia Delgado Cardona.