El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías deberá pronunciarse sobre la medida de aseguramiento del alcalde.
Para la mañana de este martes continuarán las audiencias preliminares en las que decidirán si mantienen privado de la libertad al alcalde de El Copey, Francisco Meza Altamar, señalado de presunta corrupción por varios contratos en el municipio.
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El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías deberá pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía, la cual pidió que el mandatario fuera cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Según la Fiscalía, Francisco Meza Altamar favoreció con contratos a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundicop, de la que él fue propietario, gerente y representante legal, y a Servicios Integrales del Caribe, Sicarcol S.A.S., que fue constituida por su hermano.
El alcalde habría celebrado con esas empresas 12 contratos cuya suma total superó los $4.000 millones.
No obstante, el abogado defensor Raúl Hernández aseguró que no estaba comprobada la inferencia razonable de participación en los hechos del alcalde.
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“Solicito que despache desfavorablemente la petición deprecada por el ente persecutor (…) No se estructura la inferencia razonable de autoría y participación en cabeza del señor Francisco Manuel Meza en ninguno de los dos delitos“, puntualizó Hernández.
La última palabra la tendrá el juez, quien no solo decidirá sobre la medida de aseguramiento del alcalde, sino también de la exsecretaria Belkis Jiménez y el contratista Antonio Andrade.
El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías deberá pronunciarse sobre la medida de aseguramiento del alcalde.
Para la mañana de este martes continuarán las audiencias preliminares en las que decidirán si mantienen privado de la libertad al alcalde de El Copey, Francisco Meza Altamar, señalado de presunta corrupción por varios contratos en el municipio.
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El Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías deberá pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía, la cual pidió que el mandatario fuera cobijado con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Según la Fiscalía, Francisco Meza Altamar favoreció con contratos a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo, Fundicop, de la que él fue propietario, gerente y representante legal, y a Servicios Integrales del Caribe, Sicarcol S.A.S., que fue constituida por su hermano.
El alcalde habría celebrado con esas empresas 12 contratos cuya suma total superó los $4.000 millones.
No obstante, el abogado defensor Raúl Hernández aseguró que no estaba comprobada la inferencia razonable de participación en los hechos del alcalde.
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“Solicito que despache desfavorablemente la petición deprecada por el ente persecutor (…) No se estructura la inferencia razonable de autoría y participación en cabeza del señor Francisco Manuel Meza en ninguno de los dos delitos“, puntualizó Hernández.
La última palabra la tendrá el juez, quien no solo decidirá sobre la medida de aseguramiento del alcalde, sino también de la exsecretaria Belkis Jiménez y el contratista Antonio Andrade.