El departamento del Cesar enfrenta un escenario complejo en materia migratoria, con más de 69.831 migrantes venezolanos registrados, de los cuales cerca de 7.196 se encuentran en situación irregular. Este contexto plantea retos importantes, especialmente en el acceso a servicios de salud y a oportunidades educativas y laborales, fundamentales para lograr la integración efectiva de esta población.
Una de las preocupaciones más apremiantes es el acceso a la salud. La representante de la Asociación Líderes Comunitarios Red Panas, Jade Rondón, explica que “muchos migrantes tienen inestabilidad económica y problemas con su permiso de protección temporal de permanencia, pues muchos han llegado recientemente o han perdido ese permiso, lo que limita el acceso a servicios de salud”.
Rondón añade que la salida de organizaciones internacionales, como la OIM, reduce aún más las ayudas disponibles para esta población. “Quedan muchos a la deriva”, comenta, señalando que las jornadas médicas y alianzas con entidades como Samaritan son alternativas para atender esta demanda creciente.
Derecho a la salud en población migrante
La situación legal y documental es un factor crítico para garantizar el acceso pleno a la salud. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reiterado en la Sentencia T-259 de 2025 que toda persona migrante, sin importar su estatus, tiene derecho a la atención médica en casos de urgencia, diagnóstico y enfermedades graves. Esto significa que los servicios iniciales de salud no deben ser negados, aunque la falta de documentación impide continuar con tratamientos especializados.
Según un artículo de la Universidad Industrial del Santander de Omar D. Molina Lubo, “la migración venezolana no es el principal factor responsable del incremento de casos de VIH en Colombia, deben evaluarse otros factores involucrados en la difusión de la pandemia a nivel local”.
No obstante, esto no significa que la problemática sea marginal: el artículo resalta que las condiciones adversas que enfrentan los migrantes, sumadas a la falta de atención médica continua en Venezuela, han llevado a que muchas personas busquen en Colombia el acceso a diagnósticos y tratamientos, sobre todo en enfermedades como el VIH, donde la continuidad es vital para la supervivencia. La representante de la Asociación Red Panas lo confirma, señalando que “muchos necesitan consultas, muchos necesitan hacerles un seguimiento, entonces hay muchas limitaciones al no tener un permiso de protección temporal”. Sin este documento es difícil ingresar a esquemas de salud, recibir antirretrovirales o continuar tratamientos, generando un riesgo adicional no solo para el migrante, sino para la salud pública del país.
El estudio también destaca que el impacto sanitario de la migración es asimétrico: las zonas fronterizas y con alta concentración de migrantes presentan mayor incidencia de casos de VIH importados. En departamentos vecinos como La Guajira, Cesar, Arauca o Norte de Santander, los casos importados pueden representar hasta el 25 % de la incidencia total en ciertas áreas, reflejando tanto la vulnerabilidad de los migrantes como la limitada capacidad institucional para responder al fenómeno.
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Por otro lado, uno de los hallazgos relevantes del artículo es que, aunque la incidencia de VIH entre la población migrante supera tanto la media nacional colombiana como las cifras reportadas en Venezuela, gran parte de esta diferencia podría explicarse por la falta de acceso a pruebas diagnósticas, la doble notificación de casos, el subregistro y el colapso del sistema de vigilancia epidemiológica venezolano. Así, muchas personas migran precisamente para acceder a exámenes y tratamientos imposibles de conseguir en su país de origen.
Regularización de menores en edad escolar
En materia educativa, la Gobernación del Cesar y la Universidad Popular del Cesar han avanzado en la inclusión de la población migrante. Actualmente, más de 9.000 niños, niñas y adolescentes migrantes están siendo atendidos en las instituciones educativas del departamento, con especial énfasis en regularizar la escolaridad y garantizar el acceso a la educación básica y superior. Rondón confirma que para menores escolarizados existe una vía más clara para el registro y acceso a servicios, mientras que para adultos la situación es más compleja.
La educación superior ha sido un punto destacado. La Universidad Popular del Cesar, por ejemplo, ha facilitado el acceso mediante la política de gratuidad, con matrículas simbólicas para migrantes, además de seguros de vida y becas. Estas herramientas han permitido que muchos jóvenes venezolanos puedan formarse profesionalmente, promoviendo su integración social y laboral.
Empleabilidad y oportunidades
No obstante, las oportunidades de empleo formal y emprendimiento continúan siendo limitadas. Rondón apunta que la precariedad legal y la falta de regularización dificultan que muchos migrantes puedan acceder al trabajo formal. “La falta de permisos de protección temporal restringe la participación en el mercado laboral y priva a muchas personas de tener un sustento digno”, dice. Además, denunció que la reducción de recursos y la salida de organizaciones internacionales han estrechado el apoyo en programas que favorecían la capacitación y la generación de empleo.
En respuesta a esta realidad, la Mesa de Coordinación Departamental de Asuntos Migratorios del Cesar trabajará en estrategias integrales que incluyen la asistencia en salud, formación y empleabilidad en alianza con el Sena, así como el fortalecimiento de rutas para la regularización y acceso a derechos básicos. La gobernación se ha comprometido a realizar jornadas de sensibilización y regularización, particularmente en municipios con mayor concentración migratoria, como Aguachica y La Jagua de Ibirico, buscando disminuir la cifra de migrantes en condición irregular y ampliar su acceso a servicios.
La colaboración con organizaciones como Red Panas, a cargo de Jade Rondón, resulta fundamental para complementar los esfuerzos oficiales. “Nosotros brindamos orientación y acompañamiento para que la población migrante conozca sus derechos y las rutas disponibles, desde ayuda legal hasta acceso a salud y educación. Aunque la falta de recursos limita nuestras acciones, seguimos tejiendo alianzas con entidades como Samaritan’s Purse para paliar las carencias”, explicó Rondón, enfatizando la necesidad de una mayor coordinación y presencia institucional directa.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
