El Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, dictaminó cobijar con casa por cárcel al exalcalde de Valledupar y exviceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Miguel Socarrás Reales, como medida preventiva en el proceso que se adelanta en su contra por un presunto detrimento patrimonial de más de tres mil millones de pesos, cuando fungió como mandatario entre el periodo 2012 – 2015.

El togado consideró, en la continuación de la audiencia concentrada en la tarde de ayer, que la medida instaurada era racional en contra del exmandatario para que no obstruya la investigación en donde la Fiscalía 12 seccional lo señala responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado, interés ilícito en celebración de contrato, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, los cuales Socarrás no aceptó.

“Sí hay posibilidad de señalar que hay un detrimento contra el patrimonio del municipio eso conlleva a determinar el grado de sospecha fundada de la existencia de la conducta punible (…), a consideración de lo expresado por la Fiscalía el despacho encuentra adecuada la medida de aseguramiento en detención preventiva en sitio de residencia. Con respecto a los fines constitucionales de la otra medida no privativa de la libertad en este caso para el despacho si resultaría insuficiente en el sentido de que las personas que pertenecen a la clase política del país pueden hoy estar aquí y mañana en otro lugar en cargos, si no hay una prohibición expresa de esa limitación frente a que no se sigan realizando conductas tendientes a vulnerar el patrimonio público”, dijo el juez al sustentar la decisión tomada.

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Ante la disposición la única parte inconforme fue la defensa que apeló argumentando que era una medida injustificable teniendo en cuenta varios factores atribuibles de su protegido que anteriormente expuso, como la presentación voluntaria ante la justicia del imputado y su compromiso con el proceso.

“La defensa no está de acuerdo con la decisión del señor juez, que por supuesto la respetamos, el doctor Socarrás la cumplirá como siempre ha cumplido con todos los requerimientos de la administración de justicia sin embargo presentamos la apelación para que corrija”, dijo el abogado Sócrates Saavedra.

Al exalcalde la Fiscalía lo acusa de cambiar dos lotes de la Alcaldía Municipal de un precio de $11.528.213.103, mediante permuta, por uno de la comerciante María Irene López Reyes, que según el ente investigador fueron negociados por el valor de alrededor de $8 mil 428 millones, dejando un detrimento patrimonial de más de tres mil millones.

Según la investigación, la Alcaldía Municipal encomendó el avalúo de los lotes a permutar al arquitecto Eduardo José Ustariz Arimendi, que hacía o hace parte de la empresa de bienes raíces, Lonja, y quien presentó exámenes periciales con fecha del 28 de julio y 3 de diciembre de 2015, arrojando que el valor para el predio de la señora María Inés López Reyes fue avaluado en $8.428 millones y por los dos lotes del municipio unos $8.421 millones.

Valoraciones que discreparon con el informe de campo de peritos de la Fiscalía de Bogotá e informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.