En medio de la pandemia de la covid-19, cuando la población requiere de manera apremiante los servicios de profesionales, el sector salud en Valledupar atraviesa una crisis histórica.

El hospital Eduardo Arredondo Daza, que atiende el primer nivel, suspendió de manera masiva los contratos a parte de su personal; los especialistas del hospital Rosario Pumarejo de López, que atienden segundo nivel (en el Cesar, sur de La Guajira y parte del Magdalena), anunciaron cese de actividades si no cancelan sus salarios, y las clínicas de la ciudad advierten que no atenderán pacientes que presenten síntomas  o patologías respiratorias de ningún tipo.

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DESPIDOS EN EL HEAD

Óscar Baena es uno de los afectados con la situación del hospital Eduardo Arredondo Daza, HEAD. Baena, que se desempeñaba como coordinador de archivos de historias clínicas, asegura que de manera injustificada cancelaron contratos de trabajo tercerizados o por bolsas de empleo, sin importarles el tiempo de antigüedad y su idoneidad en el cargo, sin una carta de previo aviso,  pese a que el presidente de la república, Iván Duque, enfatizó que  en medio de la crisis económica que atraviesa el país las empresas no pueden despedir a sus empleados, por lo que pondrá la queja al Ministerio de Trabajo para que tomen los correctivos del caso.

Por otro lado, un querellante de la misma institución hospitalaria, que prefirió omitir su nombre, aseveró que el subdirector administrativo, Jaime Maestre, ‘engabeta’ las cuentas de cobro y las cancela de manera “selectiva“, si son sus amigos o cuentan con  padrinos políticos; y que existe ‘masacre laboral’ porque están despidiendo a los de la administración anterior para asignar puestos del agrado del alcalde Mello Castro.

Al respecto, el mandatario de los vallenatos señaló que la  aseveración era falsa. “No le vamos a meter política a este tema. Destaparemos ‘ollas podridas’ o irregularidades del hospital que próximamente daremos a conocer“, indicó Castro.

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Por su parte, el gerente del HEAD, Holmer Jiménez, aseguró que no son despidos los que se hacen en su entidad, sino que se le terminó el contrato a la asociación sindical que venía contratando con el hospital el recurso humano.

“Hicimos una nueva contratación con una nueva empresa, la cual teniendo en cuenta la necesidad del talento humano a muchas personas no se les renovó. Se tuvo en cuenta que el hospital solo está funcionando el 30 % de su capacidad debido a que por directriz nacional no se está realizando consultas programadas, solo de urgencias, que hace que los ingresos hayan disminuido notablemente“, acotó.

Hizo referencia a que había “una carga burocrática de más” o que había personal cuando no era realmente necesario. “La queja reiterativa del Eduardo es que no los atienden bien, por lo que muchos deben hacer la retrospección si están haciendo las cosas bien sin  importar que tenga 10 o 15 años en la institución”, argumentó.

Además, precisó que más o menos le cancelaron el contrato a 40 personas, entre personal administrativo, asistencial, auxiliares y profesionales cuando la planta de los trabajadores es de 800, lo que significa que no es el 4 ni el 5 por ciento.

HRPL ANUNCIA PARO

Esta situación se vive en mayor escala en el hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, donde despidieron a más de 50 personas, entre camilleros, facturadores y servicios generales, y aún les adeudan entre cinco a 10 salarios al personal médico, por lo que los especialistas anunciaron cese de actividades para el jueves 7 del presente mes en caso que no les solucionen esta situación, según informó el presidente del Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social, Sindess, seccional Cesar, Manuel Díaz.

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“Los afectados están a la espera que la nueva gerente se digne a atenderlos para definir qué se puede hacer esta semana. Todo trabajador necesita su salario; es injusto que no les cancelen a tiempo cuando el personal de salud, al igual que el resto de profesionales, tienen compromisos por atender“, sustentó el líder sindical.

CLÍNICAS NO ATENDERÁN CASOS DE COVID-19

La ‘cereza del pastel’ de esta crisis en el sector salud se evidencia con las clínicas de la capital del Cesar, a excepción de la Laura Daniela, que aseguraron que no recibirán pacientes que presenten síntomas  o patologías respiratorias de ningún tipo, incluido el coronavirus, y estos deberán ser atendidos en la red pública.

A  través de una misiva, representantes de las entidades (Clínica del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, Clínica Buenos Aires, Clínica Valledupar; Clínica Médicos, sede centro; Clínica Médicos, sede Alta Complejidad del Caribe; Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, Clínica de Santo Tomas, Unidad Pediátrica Simón Bolívar, Ing Clinical Center, Sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, Clínica Erasmo y Centro de Radiología Elisa Clara)  expresan su inconformidad por la poca garantía que existe en su trabajo.

Subrayaron que la falta de pago por parte de las EPS activas, en vigilancia y liquidadas, las aseguradoras de SOAT, ADRES y la Secretaría de Salud Departamental  han mantenido permanentemente a las IPS en “estado de desequilibrio financiero“.

De la misma manera, piden prohibir la práctica que califican de “ilegal” de devolución de cuentas como mecanismo de evitar la recepción de estas, y por tanto los pagos por servicios médicos ya prestados. Dan a conocer que el Estado ha girado miles de millones de pesos a las EPS quienes se han apropiado de estos recursos y aún no han cancelado las deudas pendientes con las IPS.

En el documento señalaron varios puntos: primero, que las EPS no permiten las radicaciones de cuentas como estrategia de dilación; segundo, que la Secretaría de Salud Departamental está faltando a sus obligaciones al no exigirles que terminen de radicar las facturas correspondientes a los servicios médicos prestados; tercero, que las EPS tienen que cumplir con el mandato normativo de pagar el 50 % de lo radicado mientras se surten los procesos de verificación y conciliación de las cuentas, y, cuarto, que el ente territorial no audita las cuentas como estrategia de dilación para evitar el pago de las facturas de las IPS.

Por lo anterior, informan que si no dan respuesta satisfactoria a sus peticiones solo atenderán las otras patologías a las que los obligan los contratos de atención ya firmados, diferentes a afecciones respiratorias (entre las que está la covid-19).

“No estamos pidiendo que nos regalen nada, solo exigimos que el producto de nuestro trabajo científico, legal y abnegado (que nos adeudan desde hace varios años), sea cancelado sin mayores dilaciones y sin seguir pisoteando la dignidad de todos los trabajadores de la salud“, puntualizan los querellantes.

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VOZ DE SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

La cabeza de la sectorial de salud en el departamento, Hernán Baquero, enfatizó que en esta vigencia es cuando más se le ha girado al HRPL (con más de 2.000 millones de pesos); que son unas deudas amplias, de hasta 11 meses, que vienen de vigencias anteriores, pero que la intención es solucionar estos procesos.

“En el HRPL hemos estado en reuniones con los distintos profesionales y gerente para tratar esta situación cíclica. Sabemos que hay carteras amplias con las distintas EPS, con las cuales se han realizado diferentes mesas de trabajo por videoconferencia”, sustentó.

Por otra parte, dio a conocer que la semana pasada tuvo una videoconferencia con el Superintendente Nacional de Salud donde se llegaron a unos acuerdos para ayudar a las IPS o clínicas del departamento y reciban los recursos directos y no tengan necesidad del puente con las EPS, y así subsanar ese inconveniente actual.

“Se hizo una programación que partió desde ayer hasta el 13 de mayo donde se van a juntar EPS con IPS para cruzar información, en aras de generar el pago directo y hacerlo cumplir lo más pronto posible“, precisó.

Frente a la posible desatención de pacientes con enfermedades respiratorias, Baquero puntualizó que las clínicas tienen unos contratos con las EPS que deben de cumplir. “Ellos tienen una población asegurada que deben atender. Sería un incumplimiento a un contrato, que traería inconvenientes jurídicos que tendrían que analizarse“, concluyó el funcionario.

POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
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