Este lunes, la Corte Suprema de Justicia decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, a través de la Ley 906, el proceso por presunta manipulación de testigos que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

La jueza 30 con función de Control de Garantías se queda con la competencia para decidir sobre la petición de libertad del expresidente Uribe.

La decisión se tomó con base en la ocurrencia de los hechos, ya que el proceso contra Uribe inició en el 2018; es decir, después de la entrada en vigencia de la ley 906.

Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que la jueza 30 con función de Control de Garantías, también tendrá la competencia de determinar en qué etapa deberá continuar el proceso contra Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno.