A raíz de la investigación periodística de Blu Radio que dejó en entredicho la actuación de sus funcionarios frente a los recursos de la paz, la Contraloría General de la Nación dio a conocer los resultados que han realizado frente a los proyectos que la Secretaría Técnica del OCAD Paz publicaba para su aprobación.  

El ente de control afirmó que sus actuaciones han sido de vigilancia a tal punto que puso al descubierto una cartelización de proyectos de paneles solares presentadas en los departamentos del Cesar y La Guajira que fueron auditados con hallazgos en 66.247 millones de pesos. 

“Por estas presuntas irregularidades, la Unidad de Regalías viene adelantando 9 actuaciones de responsabilidad fiscal, por el mismo valor, en los que figuran como posibles presuntos responsables los ejecutores de los proyectos, alcaldes de los municipios de Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita en La Guajira, y de Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguaná en el Cesar, así como los miembros del OCAD PAZ y ministerios que dan el pronunciamiento único sectorial”, aseveró la Contraloría. 

Los resultados los recalca debido a que precisamente uno de los salpicados en el caso de aparente corrupción es el contralor delegado de esa unidad, Aníbal Quiroz Monsalvo, reconocido por haber sido secretario de Planeación de Valledupar y ser hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Además, aspira a ser Contralor General de la República. 

El vallenato Aníbal Quiroz junto con el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, fueron cuestionados por presuntamente direccionar los proyectos a intereses específicos. Mientras que congresistas como ‘Ape’ Cuello y Samy Merheg aparentemente pedían coimas. Todos han rechazado las controversias y aseguran no conocer de estas. 

Pero la Contraloría este fin de semana fue más allá y se refirió a su actuación frente a los proyectos. En ese sentido, aseguró que revisaron 178 proyectos de inversión por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados, pero que no se encontraban ajustados a los nuevos requerimientos establecidos en la Ley 2056 del año 2020 y su Decreto reglamentario 1821 del 2020, para su efectiva aprobación a través del OCAD Paz, que es el sistema de regalías que busca beneficiar con planes diferenciales a los municipios que fueron afectados en el conflicto armado.

El Ministerio Público explicó que evidenciaron 36 proyectos en los cuales se tiene planes de desarrollo de gobiernos del cuatrienio anterior, y 45 proyectos con especificaciones técnicas elaboradas en años anteriores que no se ajustaban a la normatividad actual, entre ellos una elaborada en 2007. 

“Por medio de actuaciones especiales realizadas en diferentes municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, la Contraloría detectó en el ejercicio del nuevo control preventivo y concomitante, que una importante cantidad de proyectos viabilizados por OCAD Paz se están aprobando sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que a futuro podría derivarse en detrimento patrimonial”, afirmó la Contraloría. 

El ente acotó que, por ese control ejercido a través de correos anónimos y panfletos, se presentaron quejas por supuesta obstrucción a las obras por parte de funcionarios de la Contraloría. En agosto del 2021 llegó a la Contraloría General de la República una denuncia instaurada a nombre del contratista Juan Carlos Saldarriaga y esta semana la entidad retomó la información con una denuncia que supuestamente involucraría a funcionarios del organismo.  

“Como es debido, se realizó una investigación interna, la cual no arrojó ningún indicio de detrimento patrimonial, sino que al contrario encontró que el señor Saldarriaga había sido suplantado en su correo electrónico y dado esto, se desestimó a falta de pruebas. Sin embargo, debido a la gravedad de las acusaciones realizadas en el correo, se instauró una denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia y con el fin también de encontrar la dirección IP real de la persona que realizó la denuncia por email antes mencionada”, puntualizó la Contraloría.