El departamento del Cesar se encuentra bajo la amenaza de posibles apagones debido a la creciente deuda del Gobierno Nacional con la empresa Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La deuda asciende a 2.5 billones de pesos por concepto de subsidios destinados a los estratos más vulnerables de la población.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha llamado a cesar las advertencias sobre posibles apagones y racionamientos, asegurando que el Gobierno está comprometido con la seguridad y soberanía energética del país, en un evento sobre vinculación laboral en Barranquilla. Sin embargo, Afinia, filial de EPM, ha advertido que sin el pago de estos subsidios, no puede garantizar el suministro de energía en la región, lo que aumenta el riesgo de cortes prolongados.

En Valledupar, el Juzgado Cuarto Administrativo admitió una Acción Popular para obligar al Gobierno Nacional a cancelar la deuda con Afinia, buscando proteger los derechos de los usuarios a un servicio público eficiente y evitar apagones que tendrían graves consecuencias económicas y sociales para la región.

Acuerdo de pago al día

Aunque el ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró en W Radio el 13 de marzo, que se están cumpliendo con los pagos de subsidios y que se ha llegado a un acuerdo con las empresas, la situación sigue siendo crítica. Las cuentas de la Nación son consideradas inembargables, lo que complica el proceso de pago.

La tensión en el Cesar refleja una situación más amplia en el país, donde la deuda total por subsidios de energía supera los 7 billones de pesos. “Los saldos totales por recuperar -con corte a diciembre de 2024- son del orden de $7,4 billones (que suman los subsidios, opción tarifaria, deuda oficial, entre otros)”, manifestó Asocodis. La urgencia por resolver esta situación es crucial para evitar racionamientos y garantizar la continuidad del servicio energético en todo el país.