El Juzgado Primero Penal del Circuito con función de Conocimiento condenó a 79.56 meses de prisión a los exalcaldes (e) de Becerril, Soraya Cristina Pinto Borrego y a Gregorio Ignacio García Cárcamo por ocasionar un detrimento patrimonial en un proyecto de vivienda de interés social.  

Junto a ellos fueron sentenciados a 60.84 meses de prisión Edna María Henríquez Arellanos, representante legal de la unión temporal Inversumnistros Samil, encargada del desarrollo administrativo; y Sergio Rafael Acosta Díaz, a título de interviniente; así como también Darlyn Bueno Contreras, hermana de la alcaldesa titular de la época, quien fue condenada a 64.8 meses de prisión. 

Lea también: Investigan ataque a bala en Tamalameque que dejó un muerto

El fallo se dio por anticipado con motivo a que los procesados aceptaron los cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimento de los requisitos legales. 

La investigación se relacionó al acuerdo que celebró en el 2010 Pinto Borrego como alcaldesa (e) de la localidad con la unión temporal para construir 180 viviendas de interés social tipo 1. En este el municipio aportaría 3 mil millones de pesos y concedería subsidio a 100 familias por 25.353.728 millones de pesos. 

Sin embargo, en el mes de abril del 2011 el también alcalde encargado Gregorio García Cárcamo modificó parcialmente ese acuerdo suscrito y dispuso que el terreno ofrecido en donación fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción. 

A su vez se presentaron otras irregularidades como por ejemplo en el 2011 García Cárcamo adicionó al proyecto 180.460.000 millones de pesos con el pretexto de adelantar obras urbanísticas, alcanzando la cuantía de los 3.180.460.000 millones de pesos.  

Le puede interesar: Se derrumbaron dos almacenes de Valledupar: hay una herida

“El cambio de terreno ‘Tierra Santa’ tuvo como aspecto defraudador el que la compra del segundo lote ‘La Esperanza’ propuesto para el proyecto se adelantó con un representante de la unión temporal por 210.000.000 millones de pesos. El dinero de la compra fue aportado por el municipio, lo que muestra que el compromiso de la unión temporal no fue satisfecho”, indicó la Fiscalía. 

Además, solo  se construyeron 100 viviendas  de mala calidad, que  no cumplieron con las normas urbanísticas.