La investigación que hace más de tres años desató un escándalo a nivel nacional por un detrimento al sistema pensional del país, comenzó a arrojar la mañana del lunes los primeros resultados trascendentales. El médico Carlos Arturo Montero Araujo, exintegrante de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC, fue condenado a pagar 40 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación.

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Su sentencia de primera instancia es la primera proferida en contra de uno de los integrantes de la JRC por los hechos que salieron a relucir a partir de una denuncia anónima en el mes de abril de 2016 impuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

La condena pudo haber sido más alta de no ser porque el profesional de la salud, Carlos Montero, aceptó su responsabilidad en las audiencias preliminares del 18 de abril de 2018.

ORDENAN SU CAPTURA

El Juzgado Tercero Penal Mixto de Conocimiento también ordenó que fuera detenido para el cumplimiento de la pena y lo multó a pagar $2.400.000.

“Dado que se encuentra en libertad Carlos Arturo Montero Araujo reitérese las ordenes de captura a las autoridades competentes a fin de que cumpla la pena impuesta en el centro carcelario que disponga el Inpec”, manifestó la juez Ana Hernández, en la audiencia de lectura de fallo, a la que no asistió el procesado.

Montero Araujo fue señalado de apoderarse junto con otros integrantes de la JRC de dineros públicos. “Dice la Fiscalía que también se logró evidenciar de las conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial que la psicóloga Yamile Pérez y los médicos Carlos Arturo Montero Araujo y Mariano Amarís, integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar se han apropiado ilícita y continuamente de dinero en cuantía de $233.250.000, suma que la junta tenía en la cuenta… del banco BBVA tal como se indica en audio y el informe contable de policía judicial”, precisó la administradora de justicia.

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Para demostrarlo entre los elementos materiales probatorios la Fiscalía tiene informes de campos, informes contables e interceptaciones de llamadas, entre otras.

“El 29 de septiembre de 2016 a las 14 horas, 26 minutos y 12 segundos se sintetiza la comunicación de la siguiente forma: Mariano habla con Yamile y le dice que hay doce y pico, que de pronto ahora que vaya se haya aumentado, le dice que cojan tres y de pronto vaya pagarle a los muchachos y abonar los gastos. Yamile le pregunta que si de eso le van a dar Montero, que mejor $1.500.000 para él y $1.500.000 para ella, que tiene que ir antes que vaya Marrugo. Mariano dice que bueno, que a Montero le deje dos no más”, relató la juez.

REPAROS A LA SENTENCIA

La sentencia no cayó bien al abogado defensor Germán Piñeres Vanegas, ni al fiscal 5 seccional, Johan Ustáriz, pues ambos interpusieron recurso de apelación.

Cabe recordar que en la audiencia anterior realizada, la defensa había pedido a la juez que considerara una condena con el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que la Fiscalía había pedido una pena considerable teniendo en cuenta la gravedad de la conducta.

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Carlos Montero Araujo estaba siendo procesado con los otros miembros de la JRC pero hubo ruptura procesal porque los demás se fueron a juicio.

Se trata de Yamile De Jesús Pérez Domínguez (psicóloga) y Eduardo Urbano Marrugo Castellón (médico). Junto a ellos también están siendo procesados Gian Carlos Miranda Daza (ingeniero de alimentos), Teresa de Jesús De la Hoz Solano (médico), Gilmar Silguero Linero (abogado), Emil Said Baines Ferrer (abogado) y José Miguel Meléndez Vega (pensionado).

Según la Fiscalía, en la JRC se emitían dictámenes espurios a cambio de dinero para que algunos ciudadanos alcanzaran pensión bajo el argumento de padecer una enfermedad psiquiátrica y otras que en realidad no sufrían.