Debido a que no se apartó del proceso para que un superior jerárquico resolviera una recusación que había en su contra y en cambio fue ella misma quien decidió, varios concejales de Valledupar denunciaron ante la Fiscalía y el Ministerio Público a la procuradora delegada para la vigilancia administrativa Catalina de San Martín Balcázar Salamanca.

La procuradora fue quien emitió el fallo que confirmó la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos a 16 de los 19 concejales de Valledupar.

Es así como los concejales Gloria Ovalle Aguancha, Carlos Daza, Robert Castro, Ricardo López y Jaime Bornacelly procedieron con una especie de contraataque, por lo que el fallo sancionatorio todavía no se aplicará, hasta tanto no se resuelva esta nueva medida.

La Procuraduría confirmó en segunda instancia el fallo que cobija a los concejales Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Aramendiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Carlos Alberto Daza Lobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Valera, Leonardo José Mestre Socarrás, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Gloria Margarita Ovalle Aguancha, Alex Pana Zarate, Carlos Julián Picón Cortes, Luis Miguel Santrich Díaz, Yesith Triana Amaya, y Roberto Carlos Castro Romero, sin embargo aún no se ha hecho efectiva la sanción, debido a las diferentes acciones que estos han impetrado para defenderse, toda vez que han dicho en diversos escenarios que es una sanción injusta porque actuaron conforme a la ley.

La sanción obedece a que eligieron como contralor municipal a Omar Contreras Socarras, sin considerar que al haber ejercido como defensor del pueblo del Cesar se encontraba inhabilitado.

Esta falta fue calificada por la Procuraduría como gravísima a título de dolo, por la vulneración a los principios de buena fe, moralidad, igualdad y transparencia que rigen la administración pública.